ENERGÍA

El sector eléctrico denuncia que el Gobierno haya hecho «permanente» el impuesto temporal

La patronal eléctrica incluye a Iberdrola, Endesa y EDP España como socios

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Marina Serrano González, presidenta de AELEC
Benjamín Santamaría
  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana

El sector eléctrico ha denunciado en un comunicado que el Gobierno haya hecho «permanente» el impuesto que se creó de forma temporal. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) se ha mostrado en contra de la decisión de iniciar el camino para recuperar la fiscalidad que pesaba sobre el recibo de la luz en el pasado con las subidas paulatinas del IVA. La patronal eléctrica incluye a Iberdrola, Endesa y EDP España como socios.

El BOE publicó el jueves el decreto que recoge la prórroga del impuesto a las energéticas, pero no concretó cómo se aplicará la desgravación, sino que la aplaza para los Presupuestos Generales del Estado, previstos para abril.

La presidenta de la patronal eléctrica, Marina Serrano, sostiene que el tributo extraordinario es un impuesto que se justificó por su carácter temporal, «derivado de una coyuntura excepcional».

Por ello, considera que el hecho de que ahora se establezca el mantenimiento de este impuesto, «es convertirlo en permanente, cuando han desaparecido las circunstancias que dieron pie a su implantación».

Serrano afirma que el gravamen temporal sobre los ingresos de las energéticas en vigor este año y en 2024 no estaba en línea con lo establecido en la Unión Europea. La representante explica que el impuesto europeo se destinaba a gravar los beneficios y no los ingresos, y establecía «un impuesto únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas».

Las principales asociaciones del sector bancario también se han pronunciado en contra del nuevo decreto anticrisis. La banca manifestó su rechazo a la extensión del impuesto temporal debido a sus «efectos negativos» sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, especialmente en un entorno de «incertidumbre económica internacional».

En relación con las medidas fiscales, la presidente de la Aelec advierte que en el caso del aumento del IVA del suministro eléctrico del 5% al 10% durante todo el 2024, debería valorarse el mantenimiento de un IVA reducido a más largo plazo. Serrano argumenta que esto sería beneficioso por sus efectos antiinflacionistas y para «evitar gravar los consumos eléctricos finales que contribuyen a la descarbonización».

Energía eólica, molinos, energía renovable
Molinos de viento.

El sector cuestiona la subvención al gas

En cuanto a la retirada gradual de la bajada del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), el sector eléctrico indica que gravar consumos energéticos finales mientras se subvenciona la tarifa regulada de gas «no es consistente con los objetivos de descarbonización».

Serrano también señala que la reimplantación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) llevará consigo «una pérdida de competitividad de la generación de energía eléctrica en España frente a la producción en terceros países».

«El restablecimiento del IVPEE supondrá una penalización para la electricidad, dificultando la inversión en nueva producción renovable, en un momento en que las señales deberían ir precisamente en sentido contrario», avisa la representante.

Por otra parte, la presidente aplaude la prórroga de los plazos establecidos para la conexión a la red de los proyectos de energías renovables hasta los ocho años. La jurista señala que esta medida «busca evitar tensiones en la cadena de valor que podrían encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo».

Finalmente, sobre el mantenimiento de los descuentos del bono social y de la prohibición de la interrupción del suministro como protección a los consumidores vulnerable, considera que se debe «avanzar en la definición de criterios objetivos para la determinación de la situación de vulnerabilidad, sobre la base de la renta efectiva disponible y de la relación del coste de la factura energética sobre los ingresos efectivos, de manera que se garantice que la ayuda llega a los colectivos que la necesitan».

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