Sánchez aplaza la rebaja del impuesto a las energéticas hasta abril y Yolanda Díaz amenaza con eliminarla

El Gobierno ha hecho realidad los temores de petroleras, gasistas y eléctricas: el BOE publica este jueves el decreto ómnibus que recoge la prórroga del impuesto a las energéticas, pero no concreta cómo se aplicará la desgravación anunciada ayer por Pedro Sánchez, sino que la aplaza para los Presupuestos Generales del Estado, previstos para abril. Además, Yolanda Díaz ha amenazado con eliminarla. Todo lo cual prolonga la incertidumbre sobre las inversiones en renovables de estas compañías.

El Boletín Oficial del Estado se limita a establecer: «Se prorroga a 2024 la aplicación de los gravámenes aprobados por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias, sin perjuicio del establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024 y de la revisión de la configuración de ambos gravámenes para su integración en el sistema tributario en el propio ejercicio fiscal 2024 y se concertarán o conveniarán, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra».

Traducido, esto significa que será en la Ley de Presupuestos del próximo año, que no se aprobará antes de abril (mientras tanto, se prorrogarán los de 2023), donde se concrete cómo se aplicará esta desgravación, que ahora el Gobierno califica de «incentivo» a las inversiones estratégicas.

Esto implica mantener la incertidumbre en el sector y, con ella, la congelación de inversiones. Como informa este jueves OKDIARIO, las empresas energéticas no se fían de Sánchez y esperarán a tener el detalle de los cambios en el impuesto «negro sobre blanco» para tomar decisiones sobre sus inversiones. Estos temores se han confirmado y, en consecuencia, dichas decisiones se aplazarán hasta que se concrete la desgravación en la Ley de Presupuestos. En todo caso, el presidente dijo que será aplicable a las inversiones desde el 1 de enero.

Amenazas de Díaz

Además, esta desconfianza se agrava con las continuas declaraciones de Yolanda Díaz en contra de este incentivo a las energéticas. El miércoles ya lo calificó de «regalo fiscal» y este jueves ha vuelto a la carga asegurando que van a trabajar para intentar que estos incentivos «se corrijan».

«Lejos de bajarles los impuestos, tienen que ser ellas las que contribuyan a la salida de la crisis en España», ha asegurado la líder de Sumar en una entrevista en TVE, en la que ha comentado que es «absolutamente incomprensible» que el país, tanto las grandes energéticas como las entidades financieras, tengan unos beneficios «absolutamente obscenos».

«Justamente a estas empresas energéticas les bajamos los impuestos», ha criticado Díaz, quien ha tachado de «incomprensible» que un Gobierno progresista incentive o bonifique deducciones fiscales a las entidades energéticas que «duplican los beneficios y la rentabilidad» en relación a las empresas energéticas europeas.

Como es lógico, estas declaraciones no hacen sino aumentar la desconfianza del sector en las condiciones finales de esta desgravación, y su temor a que finalmente se quede en algo meramente testimonial pero sin apenas impacto real en la factura del impuesto. Por lo cual, seguirán esperando hasta tener esa concreción.

La introducción de esa desgravación se debe a la necesidad de que las empresas privadas acometan grandes inversiones para cumplir los planes de descarbonización de la economía del Gobierno incluidos en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). El propio Sánchez reconoció que «estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable».

Sin embargo, las compañías, encabezadas por Repsol, han puesto en cuarentena sus inversiones e incluso han anunciado que pueden llevarse algunas a otros países si no hay estabilidad fiscal. Esta presión, apoyada por el PNV, es la que ha forzado al Gobierno a incluir esta desgravación para rebajar la carga del impuesto a las energéticas, a pesar de la citada oposición de Sumar.

En todo caso, el sector está descontento con el hecho de que se haya hecho permanente el tributo, frente al carácter temporal con que fue aprobado. De hecho, el BOE asegura que se transformarán tanto el de las energéticas como el de la banca en impuestos propiamente dichos (hasta ahora, el Gobierno los consideraba gravámenes extraordinarios) y se incluirán en el sistema tributario en 2024.