Díaz pide a Sánchez que tome «el control» de todas las «empresas estratégicas» tras el paso en Telefónica

El «paso adelante» del Gobierno para comprar hasta un 10% del capital de Telefónica ha animado las exigencias de Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que ese movimiento se extienda a otras «empresas estratégicas».

«Emprendemos de nuevo un camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas», ha celebrado Díaz, que ha advertido a Sánchez que «el Estado debe estar presente en las empresas estratégicas de nuestro país».

«Un paso»

Desde su partido también alientan que la decisión en Telefónica es «un paso en la necesaria recuperación de capital público español» en una empresa estratégica y no ocultan su intención de «que el Estado recupere participaciones de control» en otras similares, por ejemplo, en el sector energético. Todo ello lo enmarcan en la «autonomía estratégica» española.

«Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos», señalan desde el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha ordenado este martes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la adquisición de hasta un 10% del capital social de la compañía.

El Ejecutivo justifica este movimiento para «proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas».

«La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales», opinan desde Hacienda.

El movimiento del Gobierno tiene lugar apenas tres meses y medio después de que la empresa de telecomunicaciones saudí STC -controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)- irrumpiese en el accionariado de Telefónica al comprar un 9,9% del capital social de la compañía. Esta operación consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.

En la actualidad, la normativa española en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas establece que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo. Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.

En octubre, la SEPI ya confirmó a la CNMV que estaba valorando comprar una participación en Telefónica, aunque sin concretar el porcentaje. De salir adelante, el Estado regresará al accionariado de la empresa 24 años después. La compañía fue privatizada en 1999.

Desde el PSOE defienden la entrada en el accionariado porque es estratégica y ello supone «anclar los intereses» de la empresa.