La deriva del Gobierno ante una luz desmadrada: Ahora la tarifa regulada

El gobierno de Pedro Sánchez es capaz de decir una cosa, argumentarla, y al poco tiempo esgrimir lo contrario en sus razonamientos, y mostrarse sorprendido e indignado si algún político, asociación o empresa cuestiona el nuevo argumentario. Los vaivenes ante el encarecimiento de la luz son un paradigma de ello y ahora toca la reforma de la tarifa regulada.

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de abrir el plazo de consulta pública previo a la modificación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), conocido como tarifa regulada de la luz, proceso que pedía hace tiempo el sector mientras los miembros del Ejecutivo siguen criticando a las `malísimas y egoístas´ eléctricas.

Se trata de un precio único que se puede aplicar a los suministros de energía eléctrica que cumplen con determinados requisitos para poder acogerse a él y que está indexado al mercado mayorista de electricidad, con lo que incorpora la señal del precio horario negociado en este mercado mayorista, que es gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

Ante el actual escenario, en el que el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista enlaza récord histórico tras récord histórico, y es cinco veces más caro que hace un año, las medidas “estrella” lanzadas por el Gobierno han sido estériles y con más ruido que miga. Ni los recortes del IVA (que no eran para todos los usuarios), ni los temporales ceses del impuesto de generación, ni las peticiones de ayuda a Europa han servido para evitar que los españoles sufran estas subidas en sus facturas de la luz. A las que se unen los incrementos en los precios de las gasolinas, el gas y, por ejemplo, los alimentos, con un IPC en plena escalada y coronando picos que no se visualizaban desde 2008.

En un nuevo intento por apagar un fuego totalmente descontrolado, el departamento de Ribera -ministra cuyo marido y consejero de la CNMC, Mariano Bacigalupo, califica  como «inaudito, insólito y sin parangón en Europa» que «los telediarios abran a diario con los precios del mercado eléctrico»- explica en el texto de la consulta que la evolución de los precios de la electricidad en los últimos meses ha motivado la apertura de un periodo de reflexión acerca de su actual configuración, que pueda desembocar en un nuevo desarrollo reglamentario para modificar su estructura.

Tras muchos meses gobernando y viendo cómo se dispara el precio de la luz, parece que ahora este Ejecutivo se ha dado cuenta de que con el PVPC se traslada casi inmediatamente a los consumidores todas las modificaciones del precio mayorista. Además, si las subidas de los precios mayoristas del mercado eléctrico son continuadas, como sucede actualmente con unos precios del gas también en máximos, este encarecimiento afecta, a la larga, a todos los consumidores de electricidad.

El ministerio plantea ahora una consulta para modificar la estructura y metodología de cálculo del PVPC e intentar reducir la volatilidad de los precios de una tarifa que, además, es que se tiene que utilizar para pedir el bono social.

En la consulta, abierta hasta el 22 de octubre, se pregunta si hay que reformular la estructura y metodología de cálculo del PVPC y cuál sería la estructura más adecuada.

También se pregunta en qué medida se estima adecuado que se tengan en cuanta las señales de precio de los mercados a plazo, en ese caso qué tipo de contratos y periodos de entrega serían más acertados y si es conveniente mantener una cierta exposición al mercado diario.

Se pide consulta sobre la conveniencia de que el precio que tome como referencia el PVPC se base en una cesta de precios de distintos productos energéticos a plazo, qué cesta de productos energéticos se emplearía, con qué periodicidad debe actualizarse el PVPC en caso de referenciarse a una cesta de precios a plazo y si se debería mantener la opción actual del PVPC indexado por completo al mercado diario para los consumidores que así lo quieran.

Se supone que tras este periodo de consultas, el Gobierno de Sánchez cambiará la formación de precios de la tarifa regulada en España a finales del presente año con la esperanza de que se despejen algunas nubes de un escenario en el que las empresas energéticas no entienden los recientes cambios normativos, la falta de interlocución y las medidas, más populistas que técnicas que, además, espantan a la inversión extranjera.

Las principales agencias internacionales de calificación han publicado estos días informes en los que se critica el “intervencionismo” de Sánchez en el sector, las millonarias pérdidas que suponen para empresas que emplean a cientos de miles de trabajadores y el modo en el que se “confiscan” 2.600 millones de euros a las empresas eléctricas.

Dentro de estos cambios, en el último decretazo se incluyeron las subastas de capacidad para los grandes empresas industriales y las comercializadoras, lo que podría traducirse en un 10% de los productos que se utilizarán para fijar el precio a pagar por los consumidores acogidos al mercado regulado, ya que un 10% de la nueva tarifa se decidiría en la subasta de energía para industriales.

Ribera ha convocado para el próximo lunes a las asociaciones de las industrias que consumen más energía, ya que -argumenta – quiere “escuchar de cerca sus preocupaciones y recomendaciones, porque tenemos que estar muy pendientes de ellas».

La ministra Ribera se reunirá el lunes con las patronales del motor Anfac, las petroleras AOP, el papel Aspapel, la química Feique, la alimentación Fiab, el cemento Oficemen y la siderúrgica Unesid.

El martes seguirá los encuentros con diferentes asociaciones de consumidores y usuarios como Adicae, Auc, Cecu, Facua, Fuci, Hispacoop, OCU o Unae.

Aunque la ministra considera “fundamental trabajar con los distintos sectores, consumidores industriales y domésticos y las propias eléctricas para poder estar a la altura de las circunstancias”, su compañera de Gobierno Nadia Calviño criticó este mismo viernes la «falta de sensibilidad con la situación actual de algunas empresas», en alusión a algunas compañías eléctricas, al ser preguntada por la decisión de Iberdrola de paralizar algunas de sus inversiones en energías renovables.

Calviño llegó a recordar que «deben ser muy sensibles en sus actuaciones, dado el impacto que pueden tener sobre su imagen pública y su reputación». Argumentos que no parecen estar alineados con la voluntad transmitida por Rivera de querer “escuchar“ sus preocupaciones y recomendaciones.

Mientras los precios medios en el mercado mayorista juguetean con los 200 euros/ MWh y los futuros para la próxima semana indican el camino hacia los 250 euros, las medidas esgrimidas en las últimas semanas por el equipo de Sánchez vuelven a parecer un brindis al sol sin efecto en la factura de millones de consumidores.

Estas medidas están obligando a las eléctricas a adaptar estrategias en el cambiante escenario y, por ejemplo, Iberdrola ha anunciado que revisará al alza las tarifas de clientes industriales y grandes empresas con contratos a largo plazo afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para amortiguar la subida de la luz, al tiempo que ha decidido paralizar nuevos proyectos renovables por la bajada de su rentabilidad en el negocio.

Esta y otras decisiones se producen después de que se obligue a las grandes eléctricas a devolver beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.

Esta medida levantó las críticas de la práctica totalidad del sector por considerar que ataca a la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro cerrados hace meses a precios fijos y muy inferiores a los que del pool, actualmente en máximos históricos.

En este ambiente de cambios regulatorios y medidas anticrisis inesperadas se realizará una nueva subasta de renovables el 19 de octubre y en el mercado se espera que no se mejoren los precios de la subasta anterior debido precisamente a la inseguridad jurídica e impositiva que se transmite.

En su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico en un debate sobre el compromiso medioambiental, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido este viernes al Gobierno actuar «con rigor» y no con «calentamientos puntuales» ante la situación provocada por la subida del precio de la luz.

A un mes del inicio de la cumbre del clima de Glasgow (Escocia), el presidente de Iberdrola ha instado a que de ella salgan anuncios claros y compromisos concretos de financiación y ha resaltado el papel de Europa en lograr los objetivos de descarbonización.

También ha elogiado el mercado de derechos de emisión que ha puesto en marcha para que quien contamina pague y esa tasa ayude a los más vulnerables que puedan sufrir las consecuencias del proceso de transición hacia energías más limpias.

«Si a la primera tormentita que tenemos lo estamos cuestionando, estamos cuestionando todo el entramado completo del modelo europeo de descarbonización», ha advertido.

Al hilo de ello, ha defendido actuar en todo momento con medidas coordinadas en Europa porque «lo que no puede ser -ha precisado- es que cada país vaya por su camino y a la primera pequeña tormenta que pueda haber, busque sus soluciones, porque eso lo que hace es desestabilizar todo el sistema».

Por ello, y después de las iniciativas adoptadas o anunciadas por el Gobierno ante la subida de la tarifa eléctrica, ha rechazado «cualquier tipo de medida unilateral, intervencionista o injustificada» y ser muy cuidadosos en el análisis.

«En este momento hay una situación de precios energéticos coyunturales elevados pero no es culpa del dióxido de carbono (CO2), que es un mecanismo con el principio de que quien contamina paga», ha añadido.

El que contamina paga y el que no contamina paga más

Pero frente a ello ha señalado que en España se está «montando algún tipo de legislación para que el que contamina paga y el que no contamina paga más».

Tras insistir en que ésa no esa la dirección adecuada, ha insistido en pedir «rigor» al analizar la situación y no actuar con «calentamientos puntuales» porque eso tiene «consecuencias muy graves».

Además, ha alertado de que actuar de esa forma ahuyenta a los inversores porque considera que no da seguridad jurídica.

Prueba de cómo están reaccionando los inversores ha dicho que es la destrucción de valor de las empresas energéticas en los últimos meses y que ha recordado que supone más del 3 por ciento del producto interior bruto (PIB) de España.

Sólo Iberdrola ha explicado que se ha dejado 20.000 millones en la Bolsa y eso afecta a 600.000 accionistas, la mayor parte de ellos, ha precisado, jubilados.

Actualmente el Gobierno se enfrenta a unas descontroladas subidas del precio de la luz y a una industria que ni entiende, ni comparte, muchas de las medidas infructuosas que está publicando. El tiempo dirá si la reforma de  la tarifa regulada sirve para abaratar las facturas de la luz o para comenzar otra nueva guerra.