Cuerpo eleva al Consejo de Ministros la OPA de BBVA sobre Sabadell por «razones de interés general»

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado a la consideración del Consejo de Ministros la decisión sobre la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Esta elevación se basa en razones de «interés general» distintas de la defensa de la competencia, como exige la ley. El Ejecutivo tiene ahora un plazo de un mes (ampliable) para pronunciarse.

Estas razones esgrimidas por Cuerpo en un comunicado son «el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social».

Según la Ley de Defensa de la Competencia, el Gobierno no puede vetar la OPA del BBVA sobre el Sabadell, pero sí imponer condiciones adicionales. Y estas condiciones no pueden basarse en criterios de competencia, porque esos son los que fundamentan las impuestas por la CNMC (que se limitó a aceptar las propuestas por el BBVA), sino en otras razones de interés general.

Cuerpo ha declarado este martes que cinco ministerios han pedido pronunciarse sobre la operación BBVA-Sabadell y que la polémica consulta pública abierta en las semanas precedentes ha servido para detectar que existen razones de interés general que deben ser analizadas en profundidad sobre la operación.

Esta resolución era la que se daba por segura, como informó OKDIARIO, y ahora se abre un nuevo plazo de un mes para que el Consejo de Ministros imponga las condiciones que estime oportunas. No obstante, este plazo se puede ampliar cuantas veces quiera el Gobierno si requiere información adicional a los dos bancos o a los afectados por la operación.

Esto implica que la presentación de la OPA -si es que finalmente se presenta- deberá esperar al menos ese mes más. Y existen muchas dudas en el mercado de que el BBVA vaya a abrir el período de canje para los accionistas del Sabadell en julio, una vez que se pronuncie el Gobierno. En ese caso, la eventual operación se iría a septiembre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se verá obligado ahora a pronunciarse sobre la OPA. Sus socios Junts y ERC pretenden que imponga unas condiciones duras que hagan descarrilar la operación, y la citada consulta pública le permitiría decir que los argumentos para ello no son del Gobierno, sino de los afectados. Ahora bien, Cuerpo tampoco quiere aparecer como un intervencionista antimercado dentro de la campaña de imagen en que está embarcado y de la que ha dado cuenta este periódico.