Fedea pide la desaparición el Consejo de Política Fiscal con el que Montero extorsiona a las CCAA

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha planteado la supresión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne al ministerio de Hacienda y a las comunidades autónomas, y su sustitución por un nuevo esquema de gobernanza fiscal centrado en el Senado y apoyado por un cuerpo técnico independiente. La propuesta llega en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y varias autonomías por el modelo de financiación y por el uso político del CPFF, un foro que, según la fundación, ha perdido «eficacia y credibilidad como espacio de coordinación real entre administraciones».

La iniciativa se recoge en un documento publicado este lunes por Fedea y elaborado por Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado a Fedea), Fernando González (Técnico Comercial y Economista del Estado) y Pablo Porrero (Universidad Pablo Olavide de Sevilla). El informe propone una reforma integral de la gobernanza fiscal en España para adaptarla al nuevo marco europeo de reglas fiscales aprobado en abril de 2024, y advierte de que una mera traslación mecánica de ese sistema comunitario al ordenamiento español no es viable ni técnica ni políticamente.

Los autores sostienen que el Consejo de Política Fiscal se ha convertido en un instrumento de control político del ministerio de Hacienda sobre las comunidades autónomas, sin capacidad real de deliberación técnica ni de búsqueda de consensos estables. Frente a ese modelo, Fedea apuesta por reforzar la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, dotándola de un staff técnico propio e independiente, y por avanzar hacia una mayor bilateralidad entre el Estado y las autonomías, especialmente en aquellas con competencias de tutela financiera sobre las entidades locales.

Nuevas reglas fiscales

El documento desarrolla dos alternativas metodológicas para encajar las nuevas reglas fiscales europeas en el ámbito autonómico. La primera consiste en estimar, para cada comunidad autónoma, el déficit máximo compatible con una trayectoria de reducción de deuda que converja hacia un valor de referencia del 13% del PIB regional. Este enfoque permite introducir distintos ritmos de convergencia y escenarios, teniendo en cuenta la situación de partida de cada territorio y evitando ajustes abruptos que comprometan la prestación de servicios públicos.

La segunda metodología propone definir una senda de gasto autonómico vinculada al crecimiento tendencial de los ingresos no financieros, un esquema inspirado en el modelo suizo, que los autores califican de «notable éxito». Según el análisis de Fedea, las sendas de ingresos y gasto derivadas de este sistema muestran un comportamiento claramente anticíclico, lo que permitiría suavizar los efectos de las crisis económicas y reducir la prociclicidad que ha caracterizado a la política fiscal territorial en España.

Ambas propuestas parten de la idea de que las reglas fiscales deben ser creíbles, comprensibles y aplicables, algo que, a juicio de los expertos, no se logra con el actual entramado normativo ni con la dinámica política del Consejo de Política Fiscal.

Condonación de deuda

En el caso de las entidades locales, el eje de la propuesta pasa por mantener el grueso de la normativa recogida en el texto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introduciendo mejoras en la base de cálculo del gasto de referencia para la aplicación de la regla de gasto. Además, Fedea plantea estudiar fórmulas financieras que permitan canalizar los remanentes de entidades locales superavitarias hacia otras en situación de elevado riesgo financiero, reforzando al mismo tiempo la colaboración entre el ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas con competencias de tutela financiera.

El informe también aborda cuestiones clave como el diseño de cláusulas de escape en situaciones excepcionales, la gestión de prórrogas presupuestarias cada vez más frecuentes, la conveniencia de establecer reglas de oro para proteger la inversión pública o la arquitectura institucional necesaria para canalizar los intereses políticos de los distintos niveles de gobierno.

En relación con la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, los expertos consideran que es una medida necesaria para garantizar el acceso pleno de las comunidades a los mercados de capitales. Sin embargo, discrepan de forma sustancial del proyecto presentado por el Gobierno en 2025, al que reprochan falta de coherencia técnica y un enfoque excesivamente condicionado por criterios políticos.

En conjunto, la propuesta de Fedea supone un cuestionamiento frontal del actual modelo de coordinación fiscal y del papel que juega el ministerio de Hacienda, y abre el debate sobre si el CPFF sigue siendo un instrumento útil o se ha convertido, como denuncian algunas comunidades, en una herramienta de presión y control al servicio del Ejecutivo.