Cuando Plus Ultra hacía fiestas en casa del embajador de Venezuela con amigos de Cuba, China y Palestina

Hubo un tiempo en que a la ahora archifamosa aerolínea Plus Ultra no la conocía nadie (hasta que la rescatamos todos los españoles en marzo, en realidad). Por eso, tenía que hacer eventos para darse a conocer en nuestro país. Unos eventos que dejaban muy a las claras de qué pie cojeaba, y cojea, esta empresa. Del izquierdo, para ser exactos.

Corría el mes de mayo de 2018, con la economía española creciendo todavía por encima del 2%. En una calurosa noche madrileña de finales de mes, Plus Ultra convocó una rueda de prensa en el domicilio del embajador de Venezuela en España, una mansión entre los barrios de clase alta de Mirasierra y Puerta de Hierro.

El motivo del acontecimiento fue la puesta en marcha de una ruta entre Madrid y Caracas y otra entre Tenerife Norte y la capital venezolana. El presidente de Plus Ultra, Fernando García, mostró su deseo de que Venezuela fuera su enlace para varias rutas más que iba a lanzar en el futuro entre Europa y Latinoamérica. No es que fuera precisamente pionera, puesto que estas rutas ya las operaban Iberia, Air Europa o Estelar.

En esta rueda de prensa, en teoría de una empresa privada, estuvo presente el viceministro de Cooperación Económica de Venezuela, Ramón Gordils, y, ojo, representantes diplomáticos de Cuba, Palestina, China, Nicaragua, El Salvador y Jamaica. Todos ellos países destacados por sus regímenes democráticos y/o sus políticas económicas liberales (de hecho, Palestina ni siquiera es un país reconocido por España). La agencia EFE dio cuenta de tan magno acontecimiento.

Como no podía ser de otra manera, la rueda de prensa tuvo sabor caribeño. Al acabar, hubo una fiesta al aire libre en la terraza de la residencia diplomática, con música, bailarinas insinuantes y el patrocinio de una marca de ron venezolano, que se prolongó hasta la madrugada. Había que agasajar a la prensa y a tanto diplomático de los países amigos.

El panorama judicial se pone feo para el Gobierno

Después de esto, suena a cachondeo que el Gobierno y sus tertulianos y medios afines nieguen la conexión de Plus Ultra con el Gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados. Una conexión que está más que demostrada por sus consejeros, accionistas y acreedores. Y que, como ya informó en su día OKDIARIO, es la principal razón por la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo la ha rescatado con 53 millones sin cumplir las condiciones requeridas (ser estratégica y tener solo problemas puntuales derivados de la pandemia), sino que la ha puesto por delante de decenas de empresas turísticas que sí las cumplen.

Esta semana la cosa se ha empezado a poner fea en los tribunales para esta maloliente operación. Es verdad que el Supremo ha archivado la querella presentada por Vox, algo que el propio partido de Santiago Abascal sabía que iba a suceder y por eso se sumó a la causa abierta en primera instancia, que sí tiene muchos visos de prosperar. De forma paralela, el Tribunal de Cuentas y la propia Dirección General de Competencia de la UE han abierto sendas investigaciones por denuncias de Ciudadanos. La Abogacía del Estado ha llegado a negar que el BOE dice lo que dice sobre los rescates, tal es el nivel de nerviosismo del Gobierno.

Un nerviosismo que también dejó claro el viernes la ínclita María Jesús Montero, ministra de Hacienda y elocuente portavoz del Gobierno. Confirmó la noticia de este medio de que los funcionarios de la SEPI están retrasando los rescates, pero, según ella, eso se debe a la «demonización injustificada de Plus Ultra por la derecha». Tenía que ser culpa de la derecha, como todo. O sea, que los técnicos se han plantado porque la oposición dice que lo de Plus Ultra estuvo muy mal. Otra tomadura de pelo más.

Quién le pone el cascabel al gato

La realidad es que los funcionarios a lo que tienen miedo es a acabar en el banquillo si, como parece, los altos cargos del Gobierno (secretarios de Estado) que se sientan en el consejo del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas eluden su responsabilidad echando la culpa a los informes de los técnicos de la SEPI y de los asesores externos (que a su vez se basan en los de los técnicos de la SEPI). «Si tú quieres un informe para justificar tu rescate, fírmalo tú», es la tesis de los funcionarios, según fuentes del holding público.

Además, lo de descargar la responsabilidad en los técnicos es doblemente sangrante, porque el propio Gobierno ha presionado (y sigue presionando) a los funcionarios de la SEPI para que hagan informes favorables a los rescates decididos por motivos políticos, incluyendo el de Plus Ultra.

Y después de lo de la aerolínea y de lo de Duro Felguera -que también tiene mucha tela que cortar-, cualquiera se arriesga a firmar informes que den pie a rescatar empresas tan peliagudas como Celsa, Abengoa o, no digamos ya, Mediapro, para verse el día de mañana imputado porque alguien pone una querella por malversación o prevaricación.

El problema es que, como siempre, pagan justos por pecadores. Esta parálisis hace que los expedientes de decenas de empresas, sobre todo turísticas (las más perjudicadas por la pandemia), sigan durmiendo el sueño de los justos desde hace casi un año, mientras ellas se desangran. Estas sí que no están para fiestas caribeñas como la de Plus Ultra.