La Comisión Europea investiga el registro de viajeros de Marlaska por su «posible ilegalidad»

Bruselas ha llamado la atención de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ante el exceso de «nueva burocracia» que han de asumir las empresas turísticas con el registro de viajeros, además de investigar una «posible ilegalidad», ya que el propio registro incumpliría la normativa de protección de datos.

La normativa de Marlaska de cara al registro de viajeros, que ahora contiene 43 parámetros a rellenar, incide de forma directa, según apuntan desde el sector, «en la normativa de protección de datos». «La vulnera», explican al ser más concretos.

Desde el grupo popular, la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha aseguraado que «no» van «a permitir que Sánchez invada la vida privada de los ciudadanos porque atenta contra la libertada individual y contra la normativa de protección de datos».

La investigación de Bruselas

La Comisión Europea ya está investigando el denominado  «Gran Hermano» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado desde diciembre pasado para las empresas del sector turístico, «a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos».

En respuesta escrita a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE, Dolors Montserrat, el comisario de Justicia, Michael McGrath, reconoce estar evaluando el Real Decreto 933/2021 «a la luz de la legislación de la UE en materia de protección de datos». Además, mientras resuelve esta investigación, también ha dejado caer que el objetivo de la Comisión es precisamente reducir la carga administrativa del sector turístico un 25%, no aumentarlo.

«En las Islas Baleares se está viviendo con especial preocupación esta vulneración de las leyes protección de datos, por eso nos parece importante que la Comisión Europea analice la nueva normativa», ha dicho la Eurodiputada Rosa Estarás.

En su escrito, el comisario indica que, a escala de la UE, la Comisión pretende reducir en términos generales la carga administrativa y aportar simplificación, en particular para las pymes, incluidas las empresas turísticas. «La comunicación de la Comisión establece el objetivo de reducir en un 25 % las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos de las iniciativas en cuestión».

El grupo popular lleva denunciando desde hace meses las obligaciones de información impuestas en el denominado «Gran Hermano de Marlaska», que han despertado fuertes críticas del sector turístico nacional e internacional, que se ve obligado a recabar hasta 43 datos personales, muchos de ellos sensibles, de índole parental y financiero, de todos sus clientes, conllevando infracciones graves de hasta 43.000 euros.

A su juicio, «España no puede legislar en contra de lo que marca la Comisión Europea y mucho menos abrir una crisis en el sector turístico, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía». «Mientras Bruselas busca aliviar la carga administrativa y la burocracia en las empresas, el Gobierno de Sánchez les impone más regulaciones, más controles y más burocracia. Esto no lo vamos a permitir», añadió.