Cataluña tiene un agujero de 5.600 millones en pensiones a las puertas del ‘cupo’ y la quita de deuda

Cataluña no puede pagar las pensiones de sus jubilados. Mientras Pedro Sánchez continúa con sus planes de asumir 15.000 millones de euros de deuda catalana y aprobar una suerte de cupo para la región similar al vasco, Cataluña necesita al resto del país para pagar las pensiones a sus jubilados, como también le ocurre al País Vasco. En cambio, la Comunidad de Madrid es autosuficiente para pagar las pensiones con los ingresos por cotizaciones sociales en su territorio.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad Social, hasta noviembre -falta diciembre para cerrar el año- la Seguridad Social ha ingresado en Cataluña por cotizaciones sociales -al margen de transferencias de los Presupuestos Generales- un total de 21.421,6 millones de euros, mientras que el gasto en pagar las pensiones de los jubilados de esta comunidad autónoma ha ascendido a 27.015,4 millones. En definitiva, el agujero es el citado de 5.594 millones, que se salvan con transferencias de la Administración central.

Cataluña es la región donde la diferencia entre lo que ingresa la Seguridad Social por cotizaciones sociales y lo que gasta en las pensiones es más elevada. En el caso del País Vasco, la diferencia hasta noviembre incluido es de algo más de 4.000 millones de euros.

La Comunidad de Madrid en cambio es autosuficiente, ya que la Seguridad Social ingresa por cotizaciones sociales más de lo que gasta en esta región. En la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso los ingresos son de 21.700 millones y los gastos, 21.178 millones.

Esta es la fotografía en Cataluña de uno de los principales gastos que tienen que afrontar las comunidades autónomas justo cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sigue adelante con las exigencias de los independentistas catalanes para apoyarle en Madrid y en Barcelona, en la figura de Salvador Illa, presidente de la Generalitat.

La quita de un 20% de la deuda que mantiene Cataluña con la Administración central por los fondos de liquidez, los programas de ayuda que se pusieron en marcha en 2012 para dotar de liquidez a las comunidades autónomas ante la imposibilidad de que se pudieran financiar en solitario en los mercados internacionales. Son unos 15.000 millones de euros de deuda que pasarán a engrosar en el debe de todos los españoles.

Está pendiente también instaurar en esta legislatura un cupo catalán a imagen y semejanza del vasco: el Gobierno de la Generalitat recaudaría y gestionaría todos los impuestos que se generan en la región y pagaría una cuota de solidaridad a la Administración central. De facto, Cataluña se saldría del régimen común, lo que dejaría sin fondos para financiar los servicios públicos al resto de comunidades.

En el caso del País Vasco, gestiona sus impuestos y abona a la Administración central un cupo que supuestamente sirve para pagar los servicios que da el Estado en esa región. Las pensiones de los vascos las paga la Seguridad Social -de momento no se ha traspasado esa competencia- y ese agujero lo asume todo el país sin los ingresos por impuestos de los vascos. Es lo que ocurriría con Cataluña: el agujero es de 5.600 millones.

Pero las consecuencias de permitir un cupo catalán serían peores. Como ha señalado públicamente la Asociación de Inspectores de Hacienda, aprobar este cupo impediría perseguir el fraude fiscal. También ha incidido en ello Fedea: se pone en peligro la inspección, por ejemplo, a las grandes multinacionales, que facturan en España más de 100.000 millones de euros.