El BCE cree «prioritario» el blindaje de los depósitos mientras la banca se aleja del ahorrador privado

El Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) coinciden en acelerar el establecimiento de un sistema único de protección al ahorrador ante posibles crisis bancarias que, además, fortalezca la resistencia del sistema bancario europeo. La entidad que preside Christine Lagarde considera «prioritario» mejorar la protección de los depositantes, según el dictamen que analiza la propuesta de la CE para reformar el marco de gestión de crisis bancarias y seguro de depósitos. Para el BCE, establecer este sistema de protección de los depósitos permitirá completar la unión bancaria en Europa. En esa línea, el Fondo Único de Resolución bancaria (FUR) de la Unión Europea (UE), el mecanismo de último recurso para financiar intervenciones en casos de crisis de los bancos europeos, cerrará 2023 con 77.600 millones de euros en sus arcas. En lo que llevamos de año, las entidades de la UE han aportado ya 11.300 millones de los que la banca española aporta cerca de 1.000 millones, según ha podido saber OKDIARIO.

La propuesta de la Comisión que apoya el banco emisor permitirá a las autoridades de cada país miembro organizar una salida del mercado ordenada de los bancos en quiebra; sea cual sea su tamaño. La idea de la CE es garantizar que cuando se produzca una crisis, los depositantes puedan acceder a sus cuentas.

Para el BCE, establecer una garantía europea común de depósitos «aseguraría que el nivel de confianza en la seguridad de los depósitos bancarios es igual de elevado en todos los países»; lo que reduciría el mayor peligro para las entidades: el riesgo de pánico y salida de los depósitos, como lo ocurrido recientemente en Credit Suisse, cerrado con la integración en la Union de Banques Suisses (UBS).

Curiosamente, el dictamen del banco supervisor se produce en un momento en el que la banca europea y española mantienen una política que remunera los depósitos por debajo de los tipos de interés. La buena posición de liquidez conseguida por las entidades estos últimos años convierten a este producto en poco atractivo para la banca. En paralelo, los bancos de la Unión ofrecen a sus clientes suscripciones de seguros y fondos de inversión fundamentalmente; productos en los que los márgenes y comisiones aportan una mayor rentabilidad a sus gestores.

Urgencia en completar la unión bancaria

El BCE asegura en el dictamen, al que ha tenido acceso EFE, que aplicar una garantía europea de depósitos «que comparta riesgos completamente, incluyendo la cobertura completa de las necesidades de liquidez y las pérdidas, sigue siendo una prioridad». Los bancos de algunos países integrados en la Eurozona ya vivieron esta situación durante la crisis de la deuda soberana (especialmente los del Sur).

Para la entidad que preside Christine Lagarde, la protección de un depositante a nivel nacional mantiene el vínculo entre el banco y su país; de forma que la existencia de un sistema de defensa del ahorrador solo en algunos países «impide la creación de un campo de juego igual» para todos y debilita la estabilidad financiera.

Pero, sobre todo, la puesta en marcha de un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos, sistema común para Europa de protección de depósitos y cuentas corrientes como el español, supondrá cerrar la ‘tercera pata’ de la unión bancaria. Hasta ahora, esta unión (puesta en marcha en 2014) cuenta con el Mecanismo Único de Supervisión a cargo del BCE y un Mecanismo Único de Resolución, dependiente de la Unión Europea.

El Sistema Europeo de Seguro de Depósitos, del que la comisión Europea lanzó en 2015 su primera propuesta, sigue pendiente. Aunque, de forma individual, los países que utilizan el euro como moneda crearon sus propios sistema de protección que aseguran un reembolso rápido a los depositantes en caso de quiebra bancaria. En España, la protección de depósitos y cuentas corrientes corre a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que protege hasta 100.000 euros por cuenta o depósito y por titular.

Fondo anti-quiebras

Mientras tanto, Bruselas mantiene el fortalecimiento de las medidas de protección del sistema. El Fondo Único de Resolución bancaria (FUR) de la Unión Europea, alcanzará a finales de este año los 77.600 millones de euros tras recibir 11.300 millones en contribuciones de los bancos durante lo que llevamos de año. De esa cifra, cerca del 10% corresponde a las contribuciones de las entidades españolas que han aportado cerca de mil millones de euros, según ha podido saber OKDIARIO. Eso supone que, desde 2015, año en el que se constituyó el FUR, la banca española lleva aportados cerca de 7.000 millones de euros.

En España, 92 entidades son contribuyentes del Fondo Único de Resolución europeo. Las aportaciones se realizan a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En 2022, los bancos españoles aportaron un total de 1.133 millones. Sumadas las contribuciones correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2022, las entidades españolas incluidas en el ámbito del FUR han aportado 6.497 millones de euros.

El Fondo Único de Resolución bancaria es el mecanismo de último recurso establecido para financiar intervenciones de bancos europeos en casos de crisis. Según lo previsto, el fondo debe estar completamente dotado a finales de este año con, al menos, el equivalente al 1% de los depósitos garantizados de todas las instituciones de crédito de la unión bancaria, que incluye a los veinte socios de la Eurozona más Bulgaria.

El fondo se nutre de las contribuciones que aportan anualmente 2.777 bancos y 21 firmas de inversión de la unión bancaria, en función del tamaño y nivel de riesgo de sus carteras, y que este año ascienden a 11.300 millones de euros. Está gestionado por la Junta Única de Resolución (JUR), la agencia de la UE encargada de ordenar resoluciones bancarias cuando peligra la estabilidad financiera europea a cuyo frente se sitúa Dominique Laboureix.

Se creó en 2015 dentro de las normas adoptadas por la UE para prevenir y mitigar futuras crisis financieras tras la que estalló en 2007. El objetivo es evitar que se repitan rescates públicos cuando un banco entre en quiebra y obligan a aplicar primero un rescate interno, amortizando o aplicando quitas a accionistas, acreedores o grandes depositantes.

El FUR intervendría en casos de resolución, solo después de esta medida y como último recurso para asegurar que la operación se lleva a cabo de forma efectiva, por ejemplo garantizando activos de la entidad o contribuyendo a crear una entidad puente, pero no podría absorber pérdidas o usarse para recapitalizar la entidad.

La Comisión Europea presentó recientemente una propuesta de directiva para mejorar la gestión de las crisis bancarias en la UE que prevé extender la resolución, que ahora se aplica a los grandes bancos, también a los de mediano tamaño, y para ello plantea que los fondos de garantía de depósitos nacionales puedan intervenir para financiar estas operaciones antes de que lo haga el FUR.