La banca recurrirá el nuevo impuesto y denuncia la inseguridad jurídica de la reforma fiscal

Las asociaciones bancarias AEB y CECA han reiterado su determinación de emprender acciones legales contra el nuevo diseño del impuesto a la banca que se ha aprobado hoy en el Congreso dentro de la reforma fiscal.

La ley de reforma fiscal ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria; mientras que PP, Vox y UPN han votado en contra.

Poco antes de la votación en el Congreso, el Gobierno llegaba a un acuerdo con todos sus socios del bloque de investidura para endurecer el impuesto a la banca añadiendo un nuevo tipo del 7%, un punto más de lo que no se pudo aprobar el pasado lunes, para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros.

De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

Ante esta aprobación, AEB y CECA, que representan a bancos y antiguas cajas de ahorro, han manifestado su «absoluto rechazo» al gravamen por su impacto económico.

Graves efectos del impuesto a la banca

En concreto, denuncian la «inseguridad jurídica» y los «graves efectos económicos» de un impuesto que se ha gestado en un «proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos», que, consideran, «deberían incluirse en toda tramitación legislativa» y particularmente en un ámbito «tan sensible» como la fiscalidad.

«Todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular», añaden.

Las asociaciones rechazan «frontalmente» la decisión de incorporar un nuevo impuesto al sector bancario por sus «graves efectos» para la financiación de familias y empresas, la inversión y el conjunto de la economía, bajo un contexto de riesgos geopolíticos y con fuertes necesidades de financiación en España y en Europa y afirman que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas.

«Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE, por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés», apostillan.

También critican que la medida supone la fragmentación del mercado interior por su diferente aplicación entre comunidades autónomas e igualmente afirman que se produce un «señalamiento» de un sector cuyo objetivo «es trabajar por el crecimiento económico y el progreso social».