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Acciona hace un pucherazo en la lista del PSC por Barcelona para no perder control sobre las aguas

Acciona hace un pucherazo en la lista del PSC por Barcelona para no perder control sobre las aguas
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Acciona busca preservar su influencia tras perder la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La compañía ha empujando a la ex dirigente socialista Laia Bonet, actual directora adjunta del consorcio, a volver al PSC para las elecciones municipales de Barcelona.

La firma española pretende que Bonet lo haga de la mano con quien fue su rival en las primarias socialistas de 2014, Jaume Collboni, contra quién perdió de forma estrepitosa.

Cabe recordar que quien fuera la mano derecha del presidente José Montilla (PSC) durante tres años, lleva en Acciona desde el año 2015, cuando la empresa de los Entrecanales la nombró directora adjunta a la presidencia. Ahora, la compañía española pretende que Bonet vuelva a la política para, de algún modo, preservar su influencia en la denominada ‘guerra del agua’.

Experta en Derecho Administrativo, formó parte del gobierno de la Generalitat durante el tripartito de José Montilla y fue fichada por Acciona en un intento por maquillar la imagen de la compañía y regenerar su dañada reputación. Cautivada por la suculenta oferta económica, Bonet fue nombrada directora adjunta de ATLL en 2015 para proteger los intereses de la sociedad en su particular litigio contra la Generalitat por la gestión del suministro de agua en alta.

En caso de que todo salga como desean los Entrecanales, Bonet gozaría de una posición estratégica: mano derecha de Collboni en el PSC de Barcelona y mantendría el puesto subrogado en ATLL, lo que dotaría de ojos, oídos y manos a Acciona dentro de la cúpula del partido y del consistorio de cara a las próximas elecciones municipales.

De hecho, Bonet ha mantenido un pie en el poder político municipal, en un formato curioso: consiguió que Ada Colau la nombrara miembro del Consejo Asesor para la Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, un puesto más simbólico que real –no recibe remuneración por su trabajo-, ya que el consejo se ha convertido en algo de cara a la galería.

A lo largo del mandato, sólo se ha reunido seis veces: tres en 2016, una en 2017 y dos en 2018. Pero, a parte de reunirse muy de vez en cuando, también se registra un alto número de ausencias por supuestos compromisos previos de sus miembros.

Cabe recordar, en este sentido, que en septiembre de 2018 el Ayuntamiento de Ada Colau renovó su Consejo Asesor para la Transparencia, momento en el que incorporó a la exdirigente socialista Laia Bonet, al economista Arcadi Oliveres, a la periodista Karma Peiró y a la abogada Eulàlia Pascual, sin que hubiera constancia alguna de su participación en reuniones de este organismo, considerado prácticamente un organismo fantasma.

Encargada de las relaciones institucionales de la compañía, Bonet ha defendido a capa y espada los intereses de la familia Entrecanales para obtener la máxima indemnización posible frente a la Generalitat. La ratificación del TSJC obligando a  ceder la gestión de ATLL al gobierno catalán comporta una indemnización que la empresa ha situado en la cifra de 1.074 millones de euros, de los cuales 769 millones serían por daños y perjuicios y otros 305 por liquidar el contrato.

El saqueo que pretende vaciar las arcas públicas catalanas es el mismo que llena los bolsillos de Bonet. Por el contrario, el gobierno catalán ha ofrecido a través de la comisión liquidadora unos 53,86 millones de euros, lejos de la indemnización demandada por la compañía de la familia Entrecanales.

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