Acciona fuerza la suspensión de un contrato público de 100 millones adjudicado a Ferrovial y Sacyr

Acciona presentó el pasado miércoles 24 de abril un segundo recurso contra la decisión de Acuamed, empresa pública dependiente del ministerio de Teresa Ribera, de adjudicar la ampliación de la desaladora de Torrevieja por 100 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Ferrovial Construcción y Sacyr Construcción. En una decisión polémica, Acuamed expulsó del concurso a Acciona al no aceptar sus argumentos para no considerar su oferta como baja temeraria -por un puñado de euros-, lo que dejó el camino libre a Ferrovial y Sacyr, como ha publicado este diario.

El primer recurso sirvió a Acciona para impugnar su expulsión del concurso. Acuamed no admitió sus argumentos para justificar el precio ofertado, 60,7 millones de euros, la oferta más baja de las presentadas, pese a que Acciona lleva diez años gestionando la desaladora de Torrevieja. Acciona la construyó y la está gestionando, y ahora del contrato de la ampliación y de la gestión posterior ha sido descalificada. La UTE integrada por Ferrovial y Sacyr ofreció 73 millones de euros más IVA.

Se da la circunstancia de que la constructora que preside José Manuel Entrecanales denunció que Acuamed le debía 90 millones de euros de la factura de la luz de esta desaladora. Este tipo de infraestructuras necesitan una gran cantidad de energía y la factura de la luz se disparó por el incremento del precio de la electricidad por la invasión rusa de Ucrania.

El resultado es que Acuamed se quedó sin liquidez, y no pudo pagar a Acciona la factura de la luz de varios meses, circunstancia que publicó Expansión. Para abonar esta deuda, Acuamed pidió un crédito bancario y, además, obligó a Ribera a hacer una inyección de capital de 600 millones de los Presupuestos Generales.

Pero con este primer recurso, Acciona podría no conseguir nada ya que la norma señala que si el tribunal no responde en un mes, Acuamed puede adjudicar de manera definitiva el contrato a Ferrovial y Sacyr. Para evitar eso, Acciona ha presentado un segundo recurso en el que ya impugna la concesión del contrato a Ferrovial y Sacyr, lo que de facto suspende la adjudicación del contrato hasta que el tribunal se pronuncie sobre los recursos.

Fuentes del sector consultadas por este diario aseguran que hay nervios en Acuamed por este polémico contrato. El presidente de la empresa pública, Francisco Baratech, es hermano de un alto directivo de Ferrovial, Antonio Baratech, director de Clientes de Ferrovial Construcción. Fuentes de la constructora han explicado que no participa en los concursos y que sólo tiene contacto con las empresas cuando ya son clientes.

Fruto de ese nerviosismo, el presidente de Acuamed reunió hace unos días a su equipo directivo para tranquilizarles y asegurarles que tenía todo el apoyo de la ministra Ribera.

Porque no se trata sólo de este contrato, que va a servir para sacar a Acciona de una infraestructura que lleva diez años gestionando. Además, Baratech intentó contratar de nuevo a un directivo que habló ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Acuamed a favor de una de las denunciantes de esta supuesta trama, Gracia Ballesteros, que sigue en fase de instrucción desde 2016.

La contratación de este directivo para la oficina de Valencia fue frenada tras la publicación por este diario de las intenciones de la compañía pública.