Tres empresarios españoles llevan 15 meses en prisión provisional acusados de ser testaferros de Teodoro Obiang

La familia Kokorev, empresarios españoles de origen ruso, permanecen desde hace 15 meses detenidos en prisión provisional sin fianza, acusados de ser testaferros de Teodoro Obiang Nguema. Según la acusación formulada por la Asociación pro Derechos Humanos, estos empresarios tenían en su cuenta corriente más de 26 millones de dólares pagados por el dictador guineano por lo que les hacían cómplices del supuesto expolio que están realizando altos jerarcas de este país africano.

A pesar de carecer de antecedentes penales y desconociendo gran parte de los hechos que se les imputan continúan en prisión pues el secreto de sumario del caso se ha prorrogado en 14 ocasiones en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Esto limita su defensa, ejercida por Henry Feltenstein, del bufete Choclán Montalvo, tal y como comentó a OKDIARIO que recuerda que se han presentado varios recursos de amparo al Tribunal Constitucional que todavía siguen sin ser atendidos, así como que se les aporten elementos que son esenciales para la defensa. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, argumenta que a pesar del tiempo transcurrido no se puede revelar nada pues todavía se siguen practicando diligencias. El patriarca Vladimir de 65 años, su mujer Julia de la misma edad y su hijo Igor de 35 años, fueron detenidos en Panamá en septiembre de 2015 y extraditados a España tras una investigación contra altos cargos del gobierno guineano por blanqueo de capitales. Se intentaba esclarecer la procedencia de más de 26 millones de dólares en las cuentas del matrimonio procedentes de las arcas públicas guineanas. Desde esa fecha permanecen en prisión y lo único que conoce su defensa es lo que viene explicitado en la petición de extradición. 

Mientras la justicia española asegura que los 26 millones de euros son el resultado de su presunta acción como testaferros del presidente Teodoro Obiang Nguemma, que aparecen en las cuentas de la compañía Kalunga cuyo apoderado es Vladimir Kokorev, la familia del empresario español apunta que han aportando informes contables que demostrarían que sus ingresos proceden de la venta de barcos, buques de transporte y lanchas compradas en Ucrania y después vendidas en África como parte de los negocios desarrollados por su empresa. De hecho, se han aportado facturas, transferencias bancarias, contratos de compra-venta de embarcaciones e incluso fotos de estos barcos navegando para demostrar que no son una ficción. Sin embargo, el juzgado decidió que no había existido tal transacción económica y que Vladimir era el testaferro de Obiang. Y su mujer y su hijo colaboradores necesarios.

Su abogado recuerda este periódico que además de la excepcionalidad de las medidas conviene comentar que Vladimir padece graves problemas médicos, que ha sido intervenido quirúrgicamente y cuya capacidad de movimiento es tan limitada que la opción de la fuga se antoja harto difícil. 

“Es sorprendente, por lo que pueda significar de violación de derechos fundamentales, que cuando se ha presentado toda una colección de contratos y facturas para justificar su patrimonio, la juez señale que seguirá investigando hasta encontrar un origen ilícito. Se les está exigiendo a estos ciudadanos que prueben su inocencia, subraya su letrado que encima denuncia cómo en la Audiencia Provincial de Las Palmas ha escuchado cómo se calificaba genéricamente a todos los ciudadanos de origen ruso como mafiosos. 

Por último, llama la atención que sea el abogado panameño que trabajó durante años para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y su mujer Julia, Ismael Gerli, el que se haya convertido en la principal prueba de cargo.

El citado letrado, al que se ha otorgado la condición de testigo protegido, en su declaración ante la juez De Vega y el fiscal anticorrupción Luis del Río y vulnerando su obligado secreto profesional, implicó a la pareja rusa en operaciones de presunto blanqueo.

Gerli, está imputado por la Fiscalía panameña por falsedad documental y por haber adquirido fraudulentamente muchas de las propiedades de los Kokorev. Incluso, el propio patriarca Kokorev sostenía que esas acusaciones se produjeron al negarse a aceptar el pago de 300.000 dólares por cambiar su declaración que como chantaje les exigió Gerli, como queda acreditado “en las cartas de Ismael Gerli entregadas a la Juez de instrucción por nuestros abogados”, que nos envió antes de hacer esta denuncia falsa, concluye Vladimir.