CASO DEL HERMANO DE XIMO PUIG

La UCO cree que el hermano de Ximo Puig recibió ayudas al valenciano por programas emitidos en español

La Guardia Civil elabora un informe complementario de más de 400 páginas en torno al caso

UME valenciana
El ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig.
Ignacio Martínez

El equipo de delitos económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil cree que empresas ligadas a Francis Puig, el hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, recibieron supuestamente ayudas al valenciano por programas que, luego, no se emitieron en esa lengua, sino en español.

Al respecto, la citada unidad sentencia que esos programas «no serían objeto de subvención». Y así, lo refleja en un extenso informe en torno al caso que intenta esclarecer el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia. En ese caso, se investigan supuestas irregularidades en la obtención de subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con el citado Francis Puig. Este último, además, está imputado en este mismo caso.

Para entender el origen de este informe hay que retrotraerse a marzo de 2022. Entonces, el juzgado solicitó a la Generalitat Valenciana, aún gobernada por Ximo Puig, y a la de Cataluña, sendos informes acerca de las subvenciones que habían concedido a empresas relacionadas con Francis Puig. Lo que se investigaba era la supuesta existencia de duplicidades. Esto es, si presuntamente esas empresas habían remitido las mismas facturas tanto a una como a otra.

El informe complementario

En agosto de ese mismo año, el juzgado solicitó también a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial un informe complementario acerca de los proveedores de las empresas que habían emitido facturas a las mercantiles relacionadas con el caso. La finalidad era la de acreditar la realidad de los servicios prestados. Y ese extenso y minucioso informe es el que ahora la Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha remitido al instructor del caso.

En ese ámbito, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial solicitó a TVCS Retransmisións S.L. un total de tres facturas de fecha 31 de octubre de 2017, que totalizan 97.405 euros «emitidas a Comunicació dels Ports» (Comunicaciones del Puerto), una de las empresas relacionadas con Francis Puig que está inmersa en el caso. Así, como el contrato con esta última mercantil, las comprobaciones de pago de esas tres facturas y el contenido de los servicios de pago que se incluían en las mismas.

Pero la empresa, siempre según el citado informe, respondió que si bien sí remitía las facturas solicitadas no podía enviar el contrato por cuanto en esa época la empresa pertenecía a los antiguos propietarios y sólo disponían de las facturas.

En respuesta a este último correo, los agentes se interesaron también por conocer cómo se habían realizado los pagos de las facturas por compensación. Pero, de nuevo, la mercantil respondió que carecía de esa información por cuanto las citadas facturas fueron emitidas y se compensaron antes de que la empresa fuera adquirida por sus propietarios actuales. Por lo que si bien la compensación de los servicios prestados no pudo ser comprobada, sí tuvieron acceso a un disco duro con los contenidos.

Ese disco duro contenía, a su vez, tres subcarpetas. Cada una de ellas, se correspondería, a su vez, con cada una de las tres facturas, que completan la suma de los 97.405 euros mencionados antes. Una, de 34.787,5 euros. Otra, de 26.499 euros. Y, la tercera, de 36.118,5 euros.

Un tercio de los archivos en castellano

De la primera carpeta, que según los agentes «pudiera tratarse» de «producción de piezas de informativos»,  del periodo comprendido entre el 5 de junio al 31 de octubre, de un total de 66 archivos, según el citado informe «se usa exclusivamente el idioma castellano en un total de 22, la tercera parte de ellos». En otros archivos «no hay alocución, sólo aparecen sonidos». Y de estos últimos, un total de siete, «sólo el primero tendría fecha de las comprendidas en el periodo de la factura».

La segunda de las subcarpetas hay una parte de los archivos que los investigadores apuntan como «taurinos». Y, dentro de éstos, destacan que de los 33 archivos que hay, 11 son en valenciano, uno está sin audio y 21 «son en castellano».

En otra de las carpetas, en la que los investigadores enumeran ocho archivos de vídeo, la de «Programas», también hacen constar que: «Esta carpeta contiene cuatro archivos de vídeo y cuatro subcarpetas: «Debiendo hacerse constar que hablan castellano en todos ellos, por lo que no corresponden con el objeto de la subvención».

 

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