El TSJ vuelve a avalar la consulta de lengua base en las aulas valencianas del Gobierno de Mazón

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado la legalidad de la Orden de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo, del Gobierno de Carlos Mazón, que regula la consulta de la lengua base en las aulas de la Comunidad Valenciana. El Alto Tribunal ha rechazado, así, el recurso presentado por la Unión General de Trabajadores (UGT) contra la citada orden. La citada consulta está comprendida en la Ley de Libertad Educativa aprobada por PP y Vox en el verano de 2024. Su aprobación significó, de facto, el fin de la dictadura del catalán en las aulas valencianas.

Con anterioridad, la misma sección del citado Tribunal había desestimado un primer recurso contra la misma orden de la Consellería de Educación, tal como publicó OKDIARIO el pasado día 7 de octubre. En aquel caso, el recurso había sido presentado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano-Intersindical Valenciana.

En ambos casos, los recursos de las dos organizaciones sindicales se interponían frente a la consulta pionera efectuada por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón para que fueran las familias y nos los políticos quienes eligieran la lengua base en que preferían que estudiasen sus hijos a partir del presente curso.

Según ha manifestado el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, la sentencia incide de nuevo en la validez de la consulta telemática llevada a cabo en su día. Y, también, «declara que es absolutamente compatible con el sistema jurídico, la autonomía de los centros y las funciones del profesorado». El director general ha manifestado, además, que la sentencia es «un nuevo fracaso por parte de algunas entidades, que intentaron frenar la libertad de elección sobre la lengua base que establece la Ley de Libertad Educativa».

Según la Consellería, el sindicato UGT alegaba en su recurso cuestiones como una supuesta vulneración de la autonomía pedagógica y de los derechos del profesorado. Y, además, planteaba una posible lesión a la cooficialidad lingüística como motivo de impugnación del texto legal.

La consulta en la que las familias valencianas eligieron en qué lengua querían que estudiaran sus hijos, si castellano o valenciano, está contemplada en otro texto pionero, el de la Ley de Libertad Educativa de la Comunidad Valenciana. Esa consulta se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de este año. Y, en ella, participaron 339.411 familias.

El resultado de aquella ley y aquella consulta, muy criticada desde la izquierda y el catalanismo, es que, en datos de la propia Consellería de Educación, que dirige José Antonio Rovira, el 99,8% de los jóvenes de la Comunidad Valenciana estudia, ya en este curso, en la lengua base elegida por sus propias familias y no en el que decidían los políticos, como ocurría en los tiempos del Gobierno presidido por el socialista Ximo Puig y la coalición nacionalista Compromís.

Aquella histórica consulta lingüística para que las madres y los padres de la Comunidad Valenciana eligieran con libertad en qué lengua querían que estudiasen sus hijos se cerró con un equilibrio entre castellano y valenciano. En cifras porcentuales, el valenciano obtuvo un 50,53% frente a un 49,47% del castellano.

El texto fue aprobado con los votos de PP y Vox, entonces socios del Gobierno valenciano, el 27 de junio de 2024 en las Cortes Valencianas. Esa ley es la que ha sepultado el procés a la valenciana puesto en marcha por el anterior Ejecutivo de PSOE, Compromís y Podemos, con una imposición creciente del catalán. 

La aprobación de la Ley de Libertad Educativa de PP y Vox suprimió, también, automáticamente, la Ley del Plurilingüísmo de PSOE, Compromís y Podemos. Esta última es la que en su día marcó el inicio de la catalanización de la Comunidad Valenciana.