Puig envía 9.000 pacientes a la Sanidad privada en 4 meses mientras Sánchez alardea de blindar la pública

La Sanidad pública valenciana, que dirige el consejero Miguel Mínguez en el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig, ha derivado un total de 9.249 pacientes entre enero y abril de este año a centros privados para intervención quirúrgica dentro del denominado Plan de Choque. Mientras esto ocurre, el presidente del Gobierno de España, el también socialista Pedro Sánchez, remite para su tramite parlamentario la denominada Ley de Equidad Sanitaria, una norma casi de punto final a la colaboración público-privada, que sólo permite en muy contadas excepciones esa colaboración. Todo ello, en un momento en que la Sanidad valenciana, pero también en su conjunto la de toda España, sufre dos problemas capitales: una acuciante falta de médicos y un repunte de la patología Covid ante lo que los valencianos se blindan: las pólizas privadas han crecido en este territorio un 24%.

El texto de Sánchez supone de facto el veto a la derivación de pacientes a la Sanidad privada salvo si es complementaria y de apoyo y en el caso de que la gestión directa resulte imposible. Pero para demostrar esa imposibilidad establece además un recorrido documental farragoso, que incluye relatar los requisitos que motivan esa derivación y que el Consejo Interterritorial de Salud dé el visto bueno tras su valoración.

Fuentes sanitarias estiman, en una primera valoración, que la citada ley es una declaración de intenciones dado que las competencias en esta materia están en manos de las comunidades autónomas, en tanto que desde el ámbito parlamentario sostienen que posiblemente sufra variaciones en el proceso de tramitación, dada la necesidad de la Sanidad pública de buscar la colaboración privada para no colapsar el sistema y ante la ya citada y evidente falta de facultativos que sufre en mayor medida la Comunidad Valenciana, pero que afecta en su conjunto a todo el territorio.

En el caso del sistema público valenciano, paradigmático en cuanto a la falta de médicos, esa circunstancia ha disparado la necesidad de derivar cirugías a centros y hospitales privados, hasta superar las 9.000, según consta en la respuesta parlamentaria ofrecida por la propia Consejería de Sanidad valenciana a la solicitud de información realizada por el portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana.

La consecuencia de la falta de médicos en la Sanidad pública valenciana está generando, además, un sustancial incremento de los seguros sanitarios privados mientras Sánchez saca la nueva ley. En cifra globales, los citados seguros se han incrementado en un 24% y han alcanzado la cifra de 960.000 sólo en suelo valenciano, lo que significa que 1 de cada 5 valencianos ha recurrido a esta opción ante el colapso creciente de la Sanidad pública. Y ello, a pesar de que los profesionales de la pública trabajan a destajo y están totalmente centrados en la atención a los pacientes. Pero son pocos en relación a las necesidades de la población.

En la actualidad, la Sanidad valenciana cuenta con 14.393 médicos dentro del denominado personal estatutario, pero según las cuentas del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana necesita sumar un tercio más (4.750) para funcionar correctamente, una cuestión que choca frontalmente con el Plan Sánchez: si faltan médicos, crecen las listas de espera. Y si no pueden derivarse a la privada, la Sanidad se colapsa, porque quien tiene autoridad diagnóstica sobre los pacientes y capacitación para intervenir en cirugía es el médico.

De los 4.750 médicos que necesita la Sanidad valenciana, unos 1.500 serían destinados a la Atención Primaria (consultorios y centros de salud) y 3.250 dirigidos a las especialidades.

Sin rayos

Además, la norma que impulsa Sánchez resulta de muy difícil aplicación si se dan casos y circunstancia como las del pasado miércoles en el hospital comarcal de Vinaroz donde, según fuentes médicas consultadas, no hubo radiólogo de guardia en el turno de mañana y en el de tarde, por lo que a partir de las 10 de la noche se tuvo que derivar toda la patología que requería prueba radiológica al hospital general de Castellón. Este mes de julio, hay 4 días sin cubrir guardias y en agosto, los médicos auguran que serán más. Tampoco, hay intensivistas, urólogos ni psiquiatras para cubrir guardias. Esa es la realidad de la Sanidad valenciana, que hace prácticamente imposible aplicar la nueva norma de Sánchez.

Derivaciones por hospitales

El citado hospital de Vinaroz llevó a cabo 15 derivaciones a centros privados en los 4 primeros meses del año. Pero en el extremo opuesto, el Hospital General de Valencia fue punto de origen de nada menos que 1.213. El de Alicante y el de San Juan, que distan apenas unos kilómetros, alcanzaron la suma de 1.685 derivaciones. En el de Elda, fueron 719 y en el de Villajoyosa, que atiende, entre otras, a la ciudad turismo por excelencia, Benidorm, las derivaciones rondaron las 1.000 en esos 4 meses. En concreto, 988. La Fe, en Valencia, realizó 623. Y el de Castellón alcanzó las 516.

Por provincias, los hospitales de Alicante derivaron un total de 4.280 pacientes a centros privados, el 46,27% del total. Valencia, 4.381, lo que supone el 47,36% de los pacientes derivados por el Plan de Choque. Castellón, el 6,37%.