Pérez Llorca rechazará expresamente el pacto verde de la UE y la inmigración ilegal para ganarse a Vox

Juan Francisco Pérez Llorca, candidato del Partido Popular a presidir la Generalitat Valenciana, tendrá que verbalizar en su discurso de investidura de este jueves el rechazo al pacto verde europeo. Y, también, la oposición a recibir más menores no acompañados (menas), entre otras cuestiones, para obtener el voto de Vox y poder proclamarse presidente de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón. Pérez Llorca necesita 50 votos, mayoría absoluta, para ser presidente en primera votación. Sin todo el grupo parlamentario de Vox, no los alcanza.

Pérez Llorca también tendrá que verbalizar su apoyo, con medidas concretas, a la familia, la fiscalidad o el valenciano frente al catalán. Cuestiones a las que también se referirá. Siempre, con una vuelta más de tuerca, de las que su antecesor, Carlos Mazón, dio para sacar adelante los presupuestos de este 2025, también con el apoyo de Vox. 

Según ha sabido OKDIARIO, el acuerdo entre PP y Vox está muy encarrilado por ambas partes. No obstante, Vox puede forzar una segunda votación, que se celebraría la mañana del próximo sábado, en función del tono y la profundidad de ese discurso de investidura. Lo que Vox solicita a Pérez Llorca es lo mismo que pidió a Mazón con aquellos presupuestos. Con la diferencia de que los tiempos han cambiado  y ahora puede dar esa vuelta de tuerca más en sus reivindicaciones. 

De hecho, esa posibilidad y el continuo ascenso de la formación de Santiago Abascal en las encuestas y sobre todo en Valencia, han llevado a plantearse otras vías de pacto. Por ejemplo, la opción de esperar hasta saber qué ocurre en Extremadura.

Pero es una opción arriesgada. Primero, porque la necesidad de no frenar las políticas y ayudas de recuperación tras la DANA requiere a un Gobierno valenciano que no esté en funciones, como el actual. Y, segundo, porque salvo una lección didáctica a la ciudadanía que requeriría, más allá de tiempo y recursos, un esfuerzo enorme, una parte del electorado de ambos partidos no lo entendería.

Por su parte, la izquierda elevaría de inmediato el tono reivindicativo de unas elecciones a un nivel insoportable. De hecho, ya está convocada otra manifestación para este próximo sábado, día en que tendría que celebrarse una hipotética segunda votación. Y es la primera, no la última. Por tanto, justo lo que una investidura este jueves salvaría.

Una parte importante de los diputados del PP en las Cortes Valencianas confían en que la votación de este jueves resuelva el trance y reactive la acción legislativa. Tanto ellos como quienes conocen el terreno en Vox entienden lo que se conoce como la excepcionalidad valenciana. Es decir, la peculiaridad de un territorio que no puede detener ni por un instante la reconstrucción tras la DANA. Y que, para ello, necesita contar con un gobierno ya.

Además, para una buena parte de la sociedad valenciana, es importante dar un paso adelante. Y visto desde la óptica de las otras dos provincias que conforman la Comunidad Valenciana, Alicante y Castellón, no resulta entendible paralizar ni bloquear, aunque fuera por un plazo corto, una legislatura en que ya han esperado un año a resolver sus problemas para dar prioridad a Valencia. Hablamos de Alicante y Castellón. Pero también y muy especialmente de Elche, además de Benidorm o Torrevieja, entre otras ciudades.

En cuanto a los puntos en que Pérez Llorca va a tener que poner el énfasis son: el rechazo al pacto verde europeo, que ya en su día manifestó Mazón; la inmigración ilegal. Y, especialmente, la llegada de menas o las pruebas de edad; la eliminación de todas las partidas en materia de agricultura destinadas a la Agenda 2030. Y suprimir todas las tasas que se deriven del pacto verde y estén en vigor.

También, reducir más la aportación a la Agencia Valenciana de la Lengua (AVL) por considerar que el valenciano normativo que defiende es en realidad catalán. Y profundizar en la eliminación de los gastos superfluos,entendiendo como tales los dirigidos en forma de ayuda a organizaciones sindicales o empresariales. De facto, suprimir toda cantidad que huela a chiringuito.

También, continuar la senda de las reducciones fiscales y de apoyo a las familias a través de deducciones. Y, sobre todo, garantizar una participación directa en la reconstrucción tras la DANA, a la que irá el ahorro en el gasto superfluo antes mencionado o avanzar en las infraestructuras hidráulicas que Vox considera esenciales para evitar inundaciones.

Si como muestra vale un botón, este 24 de noviembre la Generalitat Valenciana ha hecho llegar a la titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, un documento aprobado por las Cortes Valencianas con la orden legislativa de mandarlo al Gobierno. En el documento, se insta al Gobierno de Sánchez a crear un plan de soberanía energética que, por ejemplo, garantice que la política energética española queda exenta de toda imposición climática de organismos internacionales. Es decir, pacto verde y Unión Europea.