TRIBUNALES

La Justicia reabre la investigación por el derrumbe de un edificio en Peñíscola con dos fallecidos

La investigación se inició tras la denuncia de un perjudicado por un derrumbe que afectó a 18 viviendas en el verano de 2021

reabierto derrumbe edificio Peñíscola
Imagen tomada en la jornada posterior al derrumbe.
Ignacio Martínez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha decidido reabrir la investigación iniciada a raíz del derrumbe de un edificio de 55 viviendas en la urbanización Port Nova, en Peñíscola. El suceso dejó el trágico balance de dos fallecidos: una mujer de 54 años y un menor de 14. El sobreseimiento provisional se había producido el 21 de febrero de este 2024 por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz. Ahora, el caso se vuelve a abrir.

La reapertura de la investigación se produce como consecuencia del recurso interpuesto por uno de los perjudicados al que se adhirieron otros igualmente perjudicados contra el sobreseimiento provisional del caso que, en primera instancia, había acordado el Juzgado de Instrucción. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón revoca ese sobreseimiento al considerarlo prematuro, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La Audiencia, según las mismas fuentes, entiende que el juzgado tiene que practicar algunas de las diligencias solicitadas por las partes al considerarlas «útiles y pertinentes» para el total esclarecimiento de los hechos acaecidos.

En concreto, se trata de un informe pericial, que sirva para contrastar otro anterior y determinar si la humedad es un factor persistente en la zona donde estaba ubicado el edificio y debía haber sido tenida en cuenta tanto en el proyecto de construcción del edificio derrumbado como en los materiales a emplear.

Y, también, se debe atender la solicitud de las partes de requerir a un arquitecto a fin de que éste ratifique en el juzgado el informe que realizó sobre las causas del colapso y aclare si pudo deberse a una mala praxis constructiva.

La Audiencia Provincial de Castellón entiende, no obstante que es «prematura» la petición de los apelantes para que declaren como imputados los arquitectos, los aparejadores y los responsables de la empresa promotora y constructora del edificio siniestrado.

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