El funcionario ascendido por Compromís pasó a la firma la solicitud de su mujer visada por él de una VPP

El funcionario expedientado por la Consellería de Vivienda y nombrado en su día por la Dirección General de Función Publica, dirigida entonces por Compromís, puso a la firma de la jefa del Servicio Territorial de Vivienda el contrato con sello visado y su numeración de la vivienda para su propia mujer. Así, se desprende del informe remitido en su día, a inicios de febrero de este 2026, por la citada Consellería a la Fiscalía y que consta en el expediente del caso de las viviendas de protección oficial (VPP) que ya obra en poder de la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio. La Consellería ha abierto al citado funcionario un expediente disciplinario y le ha suspendido de empleo y sueldo. La mujer del funcionario expedientado es, a su vez, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante.

El caso del escándalo de las VPP de Alicante es en el que se investiga acerca de las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la hasta ahora concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de la, también hasta ahora, directora general de Régimen Interno del Consistorio antes citado, María Pérez-Hickman. Tanto Rocío Gómez como María Pérez-Hickman han dimitido de sus responsabilidades tras saltar el citado caso a la luz pública.

En concreto, según el relato del informe remitido a la Fiscalía por la propia Consellería, el contrato de adhesión de la cooperativa Residencial Les Naus y adjudicación de vivienda de la citada arquitecta es de fecha 19 de diciembre de 2024, en el que figuraba casada y en régimen de separación de bienes.

Su expediente fue revisado por el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Consellería, que era, a la vez, su propio marido. Y fue este, siempre según el citado informe, quien marcó en el expediente electrónico los checks de revisión favorable. Tanto del contenido del contrato, como del aval bancario y la unidad de convivencia, en la que sólo constaba ella. El propio funcionario fue quien según trasladó, además, la Fiscalía a la juez, quien estampó el visado electrónico y su numeración.

Fue en base a todo ello, por lo que el Secretario Territorial de Vivienda propuso la incoación del expediente disciplinario. Medida, posteriormente aprobada por la Consellería, así como la denuncia en Fiscalía. De todas las diligencias se ha hecho cargo el juzgado antes citado a raíz de la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad.