Manos Limpias eleva a querella su denuncia por las VPP de Alicante y le añade el delito de fraude

El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ha elevado a querella criminal la denuncia inicialmente presentada ante Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante (antiguo Juzgado de Instrucción 5 de Alicante), que dirige la magistrada María Amparo Rubio, por el escándalo de las viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus en la turística playa San Juan de la ciudad de Alicante. En su querella, Manos Limpias agrega la existencia de un posible delito de fraude y exacciones ilegales a los que ya contenía la denuncia, que eran cuatro. En concreto: prevaricación administrativa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos de poder en el ejercicio de sus funciones y falsedad en documento público y mercantil.

La citada querella se eleva inicialmente contra un total de 10 personas, que son: la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Rocío Gómez; la también dimitida directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; el arquitecto del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Nieto; el funcionario del Ayuntamiento de Alicante jefe del Ser4vicio de Viviendas y Protección Oficial; el notario José María Izaguirre; la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret; el administrador único de la cooperativa Fraorgi, Francisco Orduña; la vicepresidenta de la citada cooperativa, Vanesa Quero; la secretaria de la cooperativa, Trinidad Box, y el presidente de la cooperativa, Luis Alberto Meler.

Manos Limpias estima, entre otras cuestiones, en su querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que las adjudicaciones de las viviendas antes citadas se habrían realizado «con vulneración de los principios de igualdad, publicidad, transparencia y legalidad, beneficiando a cargos públicos, funcionarios municipales, profesionales intervinientes y directivos de la propia cooperativa».

Advierte, también, que «no consta» que las citadas viviendas fueran objeto de publicidad efectiva, «justificándose la ausencia de convocatoria pública en la supuesta existencia de listas de espera previas, cuya legalidad y trazabilidad resulta, cuanto menos, dudosa».

Indica que «con carácter previo o concurrente con las adjudicaciones, desde la Generalitat Valenciana se amplió el límite de ingresos de las unidades familiares para acceder a VPP, circunstancia que habría facilitado las adjudicaciones ad personam, en beneficio de personas concretas vinculadas a la Administración adjudicadora».

Y sostiene que «una vez escrituradas, varias viviendas fueron inmediatamente puestas a la venta por importes que duplicaban el precio de adquisición, interviniendo una agencia inmobiliaria que, incluso, llega a manifestar públicamente en un vídeo que parte del precio, aproximadamente 175.000 euros, debía abonarse en dinero no declarado».

Agrega, según la citada querella,  que «consta la adjudicación de vivienda a»:

• Rocío Gómez, (ex concejala)
• María Pérez-Hickman:  «a quien se adjudican varias viviendas para familiares directos»
• El jefe del Servicio de Viviendas, suspendido en funciones, quien presuntamente falsea documentación para adjudicar una vivienda a su esposa, dña Elsa Lloret
• D. Francisco Nieto, arquitecto municipal
• D. José María Izaguirre, notario autorizante, a quien se le adjudican viviendas para sus hijos».
• Los directivos de la Cooperativa Fraorgi, «todos ellos beneficiarios de adjudicaciones».

Y añade, también Manos Limpias en la querella que «se detectan adjudicaciones múltiples a miembros de una misma familia (hermanos, cónyuges)», lo que según sostiene Manos Limpias en la mencionada querella: «Contraviene frontalmente la normativa de vivienda protegida y evidencia un patrón sistemático de reparto irregular».

Y señala a continuación un total de 15 pisos adjudicados en la citada promoción a un total del mismo número de hermanos correspondientes a siete familias distintas de la ciudad de Alicante.

El escándalo de las VPP de la urbanización Les Naus, en Playa San Juan, en Alicante, saltó a finales del pasado mes de enero, tras destaparse que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tienen escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública. La primera que se realiza en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años. Ubicada, además, como se ha dicho, en una de las zonas más demandadas y exclusivas de la ciudad, Playa San Juan.

Si bien, inicialmente, tanto el alcalde de Alicante como el PSOE fueron a Fiscalía, finalmente, Manos Limpias presentó una denuncia ante el Juzgado Decano de Alicante para su reparto. Esa denuncia es la que obra en poder de la Plaza Número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante (antiguo Juzgado de Instrucción 5 de Alicante). Y, ahora,Manos Limpias ha transformado en querella.