El Consell acusa al Gobierno de reducir el Consejo de Política Fiscal a un instrumento «a su servicio»

La consellera de Hacienda del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de haber reducido al Consejo de Política Fiscal y Financiera a «un instrumento al servicio de sus intereses». Merino ha mostrado así durante su exposición el profundo malestar del Consell por relegar la cuestión esencial pendiente, la reforma del sistema de financiación, y centrar, sin embargo, el contenido de la reunión de este lunes en la presentación de los objetivos de estabilidad, de los que Merino ha augurado que no saldrán adelante, porque Sánchez y su Gobierno «no tienen mayoría parlamentaria».

El fondo de la cuestión que ha generado la queja de Ruth Merino no es nuevo. La Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas cuantas componen el Estado español. Es decir, que sus habitantes reciben del Gobierno menos de lo que aportan. Y esa situación se ha ido convirtiendo en crónica a pesar de que la Generalitat ha planteado soluciones para dar la vuelta a la situación.

Por ello, Ruth Merino ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero «que asuma su responsabilidad» y presente una propuesta de reforma de un modelo de financiación autonómica que lleva 11 años caducado. Y que, en tanto ese nuevo modelo se aprueba, aplique un fondo transitorio de nivelación y, con ello, reducir las diferencias en la financiación por habitante ajustado. Un indicador en que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto de todas las Autonomías.

La segunda cuestión trascendente para la Comunidad Valenciana es lo que se conoce como el ExtraFLA. Es decir, el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario. El FLA ha ido permitiendo financiar el exceso de déficit del territorio. Pero, este año, que es cuando más se necesita porque a las circunstancias se ha sumado la DANA, el FLA extraordinario de 2.500 millones reclamado por el Consell no ha llegado por vez primera en 13 años. Y ya estamos en noviembre.

Ruth Merino ha acusado al Gobierno de «deslealtad institucional» por «no ofrecer ni una sola explicación alternativa» acerca de la continuidad de un mecanismo que es imprescindible mientras no se afronte el problema esencial: la reforma del sistema de financiación autonómica, antes citado.

La ausencia de ese FLA extraordinario o ExtraFLA, como se le conoce, ha obligado al Gobierno valenciano a buscar una financiación alternativa en el sector privado. O, lo que lo mismo, a pedir créditos a la banca. En este sentido, Ruth Merino ha aclarado que el ExtraFLA no es una solución estructural, pero que en la situación actual no puede ser eliminado sin que a la vez se garantice la financiación suficientes de las Comunidades por otras vías: «Lo contrario sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunidad Valenciana», ha denunciado.