El ‘basurazo’ de Sánchez castiga a un pueblo de Castellón a reinstaurar la tasa suprimida hace 10 años

Barracas es un municipio de Castellón ubicado en la comarca del Alto Palancia y fronterizo con Teruel, en Aragón. Cuenta con poco menos de 200 habitantes. Y, desde este mes de abril sus habitantes se han convertido en víctima de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, lo que se conoce como el basurazo, del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Y ello, porque hace 10 años, su alcalde entonces y ahora, el popular Antonio Salvador, suprimió la tasa de basuras a consecuencia de la buena salud económica del Consistorio. De modo que, desde 2015, los habitantes de Barracas no han tenido que pagar tasa de basuras. Pero, el basurazo de Sánchez ha acabado con ese significativo alivio tributario para esos casi 200 habitantes del pequeño municipio de Barracas, en Castellón. A partir de este mes de abril, el basurazo de Sánchez les obliga a pagar 110 euros por tasa de basuras de vivienda y 55 por la misma tasa, en este caso en locales sin actividad.

Desde que salió la citada ley, el Ayuntamiento de Barracas ha tratado de todas las maneras posibles de evitar que sus vecinos tuvieran que pagar de nuevo un tributo suprimido hace 10 años. Es más, el Ayuntamiento cuenta con músculo financiero para abonarlo. Y lo ha intentado por todos los medios.

Desde el Consistorio se han analizado hasta el último momento todas las opciones posibles para evitar a los vecinos el pago de este tributo reglado por ley. Pero, «no hay opción. El Gobierno de España exige que se aplique y no hemos tenido más alternativa que aplicarla», según ha manifestado su alcalde Antonio Salvador: «La ley es clara, tenemos que crearla y cobrarla al contribuyente». De hecho, según otras fuentes próximas al Ayuntamiento, incluso se solicitó un informe al secretario municipal. Pero, precisamente, lo que destacaba ese informe es que no había otra salida que la de que cada vecino abonara el tributo. Y no el Ayuntamiento.

En Barracas, la indignación es creciente. Porque, por ejemplo, la falta de actualización de las transferencias del Estado al municipio por las dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Sánchez, supone que hay una cantidad en torno a los 25.000 euros que el municipio no ha recibido del Ejecutivo central y que no se sabe cuándo llegará.

Lo que sí tiene claro el alcalde es que el dinero que se recaude se dedicará de nuevo a sus convecinos «reforzando los servicios y mejorando las prestaciones. Es decir, manteniendo el objetivo por el que en su día se suprimió la tasa de basuras.

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO este 11 de mayo, otro municipio, Torrent, el segundo con más población en la provincia de Valencia tras la capital, lleva cinco meses esperando a que Sánchez, acepte retirar temporalmente la tasa de basuras de los municipios afectados por la DANA o bien declare una moratoria de tres años en el pago de las basuras por parte de los vecinos. Y, hasta la fecha, Sánchez ha dado la callada por respuesta.