La Unión Europea culpa a Sánchez del ‘basurazo’ y recuerda que hay «otras medidas» distintas a la tasa

La Unión Europea traslada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad de haber impuesto el basurazo, y recuerda que se «pueden también adoptar otras medidas» diferentes a la que el Ejecutivo socialista ha obligado a establecer a todas las localidades de España. Tal y como señala la Comisión Europea en una respuesta parlamentaria a los representantes del PP en la Eurocámara, existe «una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos» distintos a la tasa de basuras que el Gobierno ha implantado. Se trata de un tributo que todos los ayuntamientos tendrán que cobrar obligatoriamente a sus vecinos por la generación de residuos a partir del 1 de enero de 2025.

Varios diputados del PP en el Parlamento Europeo, entre los que está Dolors Montserrat, vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la cámara comunitaria, firmaron una «pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita a la Comisión». En ella, se hacía alusión a la Directiva 2008/98/C. Esta norma es la que ha usado el Gobierno para justificar que es obligatorio que los consistorios impongan una tasa de basuras para que la paguen todos los ciudadanos.

La medida establecía una serie de obligaciones para reducir, reutilizar y reciclar los residuos municipales. En ella se incluye una exigencia para que los Estados tomen medidas de cara a conseguir esos objetivos. «Los Estados miembros harán uso de instrumentos económicos y de otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos», indica el artículo 4.3. Es decir, que quien contamina, paga por el trabajo de reciclaje que realiza el Estado.

La norma comunitaria establecía una serie de instrumentos económicos para conseguir sus objetivos. Y entre ellos estaba el basurazo. Este se describía como un «sistema de pago por generación de residuos (pay-as-you-throw) que imponga tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para la separación en origen de los residuos reciclables y para la reducción de los residuos mezclados».

En 2020, la Comisión Europea advirtió a España de que podía multarla por no ser capaz de reciclar el 55% de los residuos que producía, sólo alcanzaba el 32%. Una de las recomendaciones de Bruselas era la imposición de una tasa municipal, entre otras medidas.

Sin embargo, no obligaba a la imposición, tal y como admitió el propio Gobierno en un informe del Ministerio de Hacienda, del que se hizo eco OKDIARIO: «La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025».

«Medidas alternativas a la imposición»

Ahora es la Comisión la que da la razón al PP en su persecución contra las tasas que van a tener que pagar todos los españoles a partir del 10 de abril del 2025 por imposición del Gobierno. Los populares preguntaron si para «trasponer correctamente la Directiva», es decir, para trasladarla a nuestras leyes españolas, «era imprescindible» imponer el basurazo.

También interrogaban sobre si habría sido posible lograr «los objetivos de la Directiva» con «medidas alternativas a la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste de la gestión de residuos». Es decir, si se podría haber evitado el basurazo, y en lugar de pagar, ofrecer «incentivos económicos» o pagando ese servicio «con superávits de tesorería».

El organismo presidido por la alemana Úrsula von der Leyen ha respondido a los populares este viernes asegurando que la Directiva incluye una «lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos y otras medidas para incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos». Y aseguran que los Gobiernos de cada país europeo pueden «adoptar otras medidas que no figuren» en la norma comunitaria «para hacer cumplir los requisitos establecidos».

«Esas medidas pueden además variar en función de los agentes a los que se impongan, como, por ejemplo, las empresas, los productores o los hogares», concluye la Comisión Europea.