Barcala manda al Consell nombres de adjudicatarios de las VPP para cotejar si son empleados municipales

El Ayuntamiento de Alicante ha remitido a la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana un listado con nombres de adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) del escándalo de Alicante. Los nombres que aparecen en el listado remitido por el Ayuntamiento a la Consellería están bajo sospecha de haberse supuestamente beneficiado con una de esas viviendas pese a carecer de los requisitos o sencillamente incumplirlos. En el listado hay nombres que coinciden con los de funcionarios sin que esté claro que se trata de ellos. Por ese motivo, el Ayuntamiento coteja sus datos con los de Consellería.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha rechazado dar los nombres de esas personas que conforman el listado, «porque no sabemos si son los mismos». «Hay nombres muy comunes que puede haber repetidos. Y, por prudencia, y si los nombres y apellidos coinciden, puede ser un funcionario o cualquier familiar vuestro», según ha expresado refriéndose a los periodistas presentes.

La documentación con esos datos se remitió a la Consellería de Vivienda, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero. Esto, ocurrió ya mediada la semana pasada. Casi coincidiendo con el Pleno municipal extraordinario convocado a instancias de la oposición.

Esa documentación está siendo revisada ya por los técnicos de la citada Consellería a fin de cotejar los nombres. Primero, para saber que se trata de empleados municipales. Y no hay error. y, segundo, para cerciorarse de que se incurre o no en causa de ilegalidad.

También, este martes, además, el alcalde, Luis Barcala, ha anunciado que restringirá a sus concejales, altos cargos y asesores el acceso a los procesos para optar a una vivienda de protección pública.

Pese a todo, la situación en el Ayuntamiento de Alicante se ha tensado especialmente desde el Pleno Extraordinario del pasado jueves, cuando todos los grupos con representación municipal, incluido Vox y excepto el PP, reclamaron al alcalde Luis Barcala la dimisión por el escándalo de las adjudicaciones de las VPP, que salpica a la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que ha dimitido, y a una directora general, María Pérez-Hickman, que también ha renunciado. Rocío Gómez recibió una vivienda. Y los dos hijos de Pérez-Hickman, una cada uno. Además, de una tercera su sobrinos.

El escándalo está denunciado en Fiscalía. Pero, sobre todo, está en el despacho del titular de un juzgado de Alicante a consecuencia de la denuncia presentada por el colectivo de funcionarios públicos, Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad. Precisamente contra Rocío Gómez y María Pérez-Hickman, así como otras ocho personas.