Agricultores valencianos llevan al Gobierno de Sánchez ante el Supremo por incumplimiento eléctrico

La organización agraria valenciana Unió de Llauradors (Unión de Labradores), que agrupa en torno a 10.000 agricultores y ganaderos en este territorio, ha recurrido ante el Tribunal Supremo lo que califica de «incumplimiento» del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), que dirige la socialista Teresa Ribera, en la puesta en marcha de la denominada doble tarifa eléctrica para el regadío, incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 pero que cuando han transcurrido cerca de 15 meses desde su aprobación aún no se ha puesto en marcha. La iniciativa judicial se ha llevado a cabo a través de la organización estatal en que se encuadra la organización valenciana, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y ya ha sido admitida a trámite por el Alto Tribunal.

La relación de la ministra Teresa Ribera y, en consecuencia, del Gobierno de España que preside el también socialista Pedro Sánchez con el campo valenciano se agria cada vez más. A los problemas que ya se acumulan entre Gobierno y agricultores, se suma ahora una nueva cuestión: acusan al Ministerio del incumplimiento de un acuerdo cerrado con los PGE de 2021. Y cómo el tema se ha dilatado más de la cuenta sin explicación alguna han decidido ir a los tribunales.

El origen de la citada demanda es el presunto incumplimiento del Ministerio de la regulación del contrato de doble potencia para el regadío, en función de la necesidad del suministro, incluido en los PGE de 2021, que debía quedar establecido en el plazo de 6 meses. Ese plazo concluía el 1 de julio del pasado ejercicio 2021.

Una vez transcurrido el citado plazo, la organización agraria remitió un requerimiento al Ministerio de Teresa Ribera, recordándole que estaba en la obligación de poner en marcha el compromiso alcanzado y que reflejaban, como se ha dicho, los PGE para 2021. Como no obtuvo respuesta, decidió dirigirse a la instancia judicial. En concreto, al Tribunal Supremo, mediante la presentación de un recurso que es el que ahora ha admitido a trámite el Alto Tribunal.

Lo que subyace tras la iniciativa judicial es el enorme enfado del campo valenciano y más concretamente y en este caso de la Unió con el Ejecutivo de Pedro Sánchez a raíz de lo que consideran «desorbitados» precios de la energía, con una subida que cuantifican en un 161% del precio de la electricidad en un solo año en un contexto agravado por la guerra en Ucrania, la sequía, las olas de calor y lo que denominan la «sequía hidráulica», que depende de la propia Administración pública.

A todo ello, hay que sumar el encarecimiento de los fertilizantes simples nitrogenados, en un 145%, según denuncian, y de los fertilizantes compuestos en un 75,72%. Todos estos problemas confluyen en el Ministerio de Teresa Ribera, que también tiene enfadados a los agricultores, alicantinos en este caso, murcianos y almerienses por la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura y los problemas derivados del trasvase Júcar-Vinalopó, además del cierre de acuíferos. Una situación crítica, que se agrava cada día más.