Bruselas sí oirá a las pequeñas eléctricas el 3 de mayo sobre el tope al gas mientras Ribera las ignora

Las comercializadoras eléctricas españolas independientes, entre las que se encuentran Acciona, Repsol y Cepsa y están agrupadas en la asociación ACIE, se reunirán con la Comisión Europea el 3 de mayo para discutir, entre otros asuntos, el impacto que tendrá en las empresas la limitación del precio del gas a 50 euros el megawatio hora (€/MWh) pactada con España y Portugal. Sin embargo, la misma asociación no ha tenido respuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que se envió la misma carta que a Bruselas. «Confiamos en que ACIE sea consultada, en tanto sus miembros representamos actualmente el 18% de la energía eléctrica de nuestro país y el 32% del gas natural», señala a este diario Asier Gorostiza, presidente de ACIE.

Las pequeñas comercializadoras españolas -Iberdrola, Endesa y EDP están en otra asociación, Aelec- serán escuchadas antes por Bruselas que por Ribera. Ni siquiera, se quejan otras fuentes del sector, han visto la propuesta que España y Portugal enviaron a Bruselas como punto de partida de la negociación. «Nos encontramos en un contexto de elevada incertidumbre a la hora de saber cuál será la aplicación y consecuencias reales de este acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Bruselas», explica Gorostiza. «Parte de esta incertidumbre viene dada por no haber podido trasladar al Ministerio nuestra visión y aportar valor añadido, explicando el cómo puede afectar esta medida a los clientes, agentes comercializadores y a los procesos», señala.

¿Y cómo puede afectar? De nuevo, incertidumbre. «El impacto económico real deriva de muchas variables por ahora desconocidas. Si el límite al gas se configurase en 40 €/MWh en lugar de 50 €/MWh, esa diferencia posiblemente escasa a ojos de cualquier ciudadano, puede implicar cientos de millones anuales de diferencia. Es importante que el Ministerio configure un sistema correcto de auditoría de costes y compensación a las centrales térmicas beneficiarias de este sistema», explica Gorostiza.

«Entendemos que tendrá efectos en las coberturas con las que solemos trabajar los comercializadores para reducir riesgos operativos, así como en los contratos a largo plazo, bilaterales u otros compromisos con terceros. Si el pago de esta medida, finalmente, no se hace mediante un concepto regulado, podría suponer que tuviéramos que renegociar algunos precios de nuestros clientes en un contexto de enorme incertidumbre porque no se sabrá de antemano la cantidad a abonar. Y no podemos olvidar el potencial impacto en la capacidad de competir de los comercializadores independientes con los Comercializadores de Referencia de los grupos dominantes», advierte.

Línea de avales ICO

Si finalmente el coste de compensar a las gasistas recae sobre las eléctricas que acuden a comprar la electricidad al mercado mayorista y luego la venden a sus clientes, la gran pregunta es si podrán aguantar financieramente las más pequeñas o habrá quiebras.

Gorostiza responde que las eléctricas de ACIE están «capeando a pulmón las tensiones de tesorería y garantías derivadas de los altos precios» de los últimos meses. «La Comisión Europea ha indicado que los Estados miembros pueden establecer líneas de crédito y garantías a favor de las empresas afectadas por los altos precios energéticos, entre los cuales estamos los comercializadores, que somos el primer eslabón de la cadena. Estas ayudas, a través de una línea ICO específica, no serían consideradas ayudas de estado. Confiamos en que el Gobierno, dentro de las medidas a implantar, y ante la posibilidad de que la demanda deba asumir parte de la compensación al gas, apruebe esa línea específica de ayudas en créditos y avales desde el ICO. Insisto: somos el primer eslabón de la cadena, y debemos dar seguridad a los consumidores y al resto de organismos de los que somos deudores en cuanto a compra de energía, desvíos, o garantías», añade.

En cualquier caso, la posible quiebra de las empresas depende de la gestión que haya hecho cada compañía, señala. «La quiebra de las empresas comercializadoras depende mucho de su gestión de riesgos y en la forma en la que compran energía a plazo o no. Desde ACIE queremos dar un mensaje de seguridad y tranquilidad a nuestros clientes en este sentido. Aunque lidiamos con circunstancias excepcionales, somos empresas con solvencia financiera y capacidad para garantizar el suministro energético, comprándola al mercado y haciéndola llegar al usuario final. No obstante, esperamos que el Gobierno tenga en cuenta nuestras demandas y articule medidas que ayuden a destensar el mercado eléctrico como la subasta de energía inframarginal ya regulada en septiembre del año pasado, y pendiente de ser implementada», insiste.