ERC, JxCAT y la CUP acuerdan meter mano en los antidisturbios de los Mossos

El futuro de la Brigada Móvil (BRIMO), la unidad de Antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, está en riesgo. La CUP y los Comunes piden su disolución y los dos principales partidos independentistas, ERC y JxCAT, que hasta ahora se negaban a hablar de una remodelación del sistema de seguridad pública, ya no descartan meter mano en la Policía para contentar a sus potenciales aliados. Las cargas en las protestas por el rapero Pablo Hásel son el motivo principal que han llevado a los de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont a revisar su postura sobre la seguridad.

En las últimas horas la candidata de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, de baja por enfermedad, ha consultado a algunos de sus compañeros de candidatura y a los dirigentes de la formación sobre cómo actuar ante esta situación. Hace unos días ella misma aseguró que «algunos comportamientos de los Mossos son incompatibles con los de una policía democrática». Cabe recordar que en la actualidad la Consejería del Interior está en manos de su partido, con Miquel Sàmper como máximo responsable. El conseller ha pedido a sus compañeros que aparten al cuerpo de las negociaciones. Eso, no obstante, no es un inconveniente para que desde Junts critiquen la actuación de los antidisturbios de los Mossos de las últimas noches en los disturbios que se han producido en distintos puntos de Cataluña.

JxCAT, que acoge entre sus filas a personas de derechas y de izquierdas, representantes de la herencia de Convergencia y el separatismo más radical, mantiene posturas muy diferentes en relación a la seguridad pública. Los dirigentes que en el pasado ya habían ostentado responsabilidades con CiU se muestran más partidarios de no tocar el modelo policial actual y mantener a los Mossos al margen de la tensión política. La nueva hornada de políticos de Junts, como Borràs, Joan Canadell o Aurora Madaula, son partidarios de una reforma en profundidad del modelo que rige en estos momentos en la consejería del Interior. Algunos de los miembros de Junts ya habían alzado la voz en público, hace unos meses, cuando el cesado Miquel Buch era el máximo responsable. La disolución del actual modelo de orden público, sin entrar con más detalles, es lo que valoran en JxCAT.

Para la CUP, imprescindible para la formación de un gobierno separatista, hacer cambios en materia de seguridad es primordial. No dará apoyo a la investidura de Pere Aragonès si antes ERC xCAT no se comprometen por escrito a revisar los protocolos y debilitar la Brigada Móvil, retirándoles competencias. Su idea, sin embargo, pasa por la disolución completa de los antidisturbios de los Mossos, la unidad policial encargada de actuar en las manifestaciones que ellos mismos convocan de forma periódica, bien sea para presionar a los partidos del Govern o para reclamar la libertad del rapero filoterrorista Pablo Hásel.

Desde la candidatura antisistema que lidera Maria Dolors Sabater han llegado a manifestar su interés en entrar a formar parte del Ejecutivo regional, algo a lo que hasta ahora se negaban, por el desgaste electoral que supone tener que asumir medidas con las que no están de acuerdo. Su predisposición a formar parte del gobierno catalán pasa por tener el control de la Consejería del Interior, una de las más sensibles de cualquier gabinete. Ni ERC ni JxCAT están dispuestos a permitir que la CUP se haga con este departamento, que con total seguridad dirigirá ERC, aunque sí están dispuestos a cederles como contrapartida la presidencia del Parlament.

La politización de la seguridad pública está provocando un profundo malestar en el seno de los Mossos d’Esquadra. Los sindicatos policiales exigen a los partidos con representación parlamentaria que se les deje al margen de las negociaciones y el repartimiento de cargos. Los funcionarios públicos reclaman poder trabajar en base a criterios técnicos marcados desde los mandos policiales. Por encima del Major Josep Lluís Trapero, máximo responsable orgánico del cuerpo, está el director general de la Policía autonómica, Pere Ferrer.

Colau lo intentó

En 2015 una de las promesas electorales de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue la disolución de la Unidad de Seguridad Policial, los antidisturbios de la Guardia Urbana. Pero seis años más tarde no ha podido cumplir con su medida. La concejal barcelonesa no sólo no ha disuelto esta unidad de la policía local sino que además, debido a la reestructuración del cuerpo, se vio obligada a reforzar este grupo operativo con un aumento de funcionarios destinados la Unidad de Seguridad Policial.