Los tribunales anulan la multa de 60.001 euros del Govern de Armengol a un prostíbulo en pandemia

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha estimado el recurso interpuesto por una mujer contra la Comunidad Autónoma, anulando así la multa de 60.001 euros que el anterior Govern, encabezado por la actual presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, le impuso por tener un prostíbulo abierto durante la pandemia.

El fallo judicial recuerda que la sanción se le impuso a la recurrente por tener abierto un establecimiento de prostitución cuando dicha actividad debía permanecer cerrada por las medidas sanitarias decretadas en pandemia.

En concreto, fue el 7 de noviembre de 2020 cuando se levantó acta, a las 3.20 horas, por parte de un inspector de la anterior Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, alegando que en la casa en la que vivía la recurrente se desarrollaba la prostitución. El mismo acta se levantó tres horas después del toque de queda, decretado en ese momento a las 00.00 horas. Se procedió entonces a iniciar el expediente sancionador y se impuso finalmente una sanción de 60.001 euros.

Con todo, en la demanda se argumenta que la vivienda a la que acudió el inspector era la residencia habitual de la mujer a la que se multó y que en la fecha en la que se realizó la inspección, no se ejercía la prostitución.

Así, la recurrente insiste en que no es un local comercial con licencia de actividad, sino que es su residencia habitual, admitiendo que ahí se ejerce la prostitución pero que «no la ejerció durante el estado de alarma».

Por su parte, la Comunidad se opuso a la demanda alegando que la propia mujer reconoce que «es prostituta y ejerce su actividad en su domicilio», lo que, unido al acta de inspección levantada, constituye prueba de cargo suficiente y válida.

Con todo, el Tribunal ha estimado la demanda impuesta al Govern balear al entender que el acta de inspección únicamente constata que la vivienda dispone de configuración habilitada para ejercer la prostitución y que es usada por la recurrente para dicho ejercicio, además de su residencia habitual. Pero lo que no constata es que en el momento de la inspección se ejerciera la prostitución en dicha vivienda.

«En el momento de levantarse el acta, en la vivienda estaba la recurrente, pero ello no es indicativo de nada porque era su residencia habitual. Que la vivienda está habilitada para la prostitución tampoco demuestra que se usara para tal fin durante el periodo de prohibición», cita el fallo.

Por tanto, el TSJB concluye que debe procederse a la estimación del recurso y a la anulación de la sanción económica. Unas multas que fueron endurecidas de forma sobresaliente por el anterior Ejecutivo a finales de 2020 cuando las infracciones leves pasaron a ser graves, con multas de 3.001 euros a 60.000.

Las graves se convirtieron en muy graves, con sanciones de 60.001 euros a 600.000. En este caso, por incumplir los límites de aforo o organizar fiestas o reuniones que no respetaran las medidas sanitarias en plena pandemia de Covid, así como el cierre de los establecimientos infractores, hasta un periodo de tres años.

Sin embargo en febrero de 2022 el Govern de Armengol fue condenado a devolver el dinero de las multas cobradas durante el establecimiento de los cuatro decretos de 2020 que imponían restricciones por la pandemia que el Tribunal Supremo (TS) anuló.

Unos decretos que afectaban a las restricciones de movilidad en horario nocturno, aperturas, cierres de comercios y servicios e iglesias. Medidas que fueron prorrogadas ilegalmente a lo largo de ese fatídico año por el Ejecutivo balear.

Como consecuencia de ello, el Govern balear tuvo que devolver el importe de 1.800 multas que se impusieron a empresas y ciudadanos durante el toque de queda aprobado por decreto de la ex presidenta Armengol.