Sánchez no paga la gratuidad del transporte público de 2024 y la izquierda tampoco se lo exige para 2025

A falta de un mes para concluir el año, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha pagado un euro de los 43 millones prometidos a Baleares para sufragar y mantener la gratuidad del transporte público en 2024, con el agravante de que las formaciones de la izquierda de las islas, tampoco se lo exigen ya al dirigente socialista para 2025.

Una falta de compromiso del presidente del Gobierno en el abono de esta deuda que está provocando un notable quebranto en la caja de empresas públicas de transportes como la EMT de Palma. La gratuidad del servicio en estos dos últimos años, ha provocado que la compañía se haya  visto obligada a pedir un crédito de 15 millones de euros, ya que los 18,7 millones anuales prometidos por Sánchez, no son suficientes para cubrir el coste.

El aumento del 50% en el número de pasajeros, que ya superan los 51 millones anuales, hace que sea totalmente insuficiente la aportación del Gobierno central y obliga a la empresa municipal a endeudarse para cubrir el déficit. Sólo en intereses, ese crédito supone un sobrecoste de más de 300.000 euros.

A fecha de hoy, el Gobierno de Sánchez ni tan siquiera ha aprobado el decreto de pago de los 43 millones para Baleares, requisito previo imprescindible para su posterior desembolso. El año pasado ese decreto se firmó en marzo, y el Gobierno no pagó al Govern hasta finales de octubre.

Pero lejos de exigir al Gobierno central que desembolse el dinero comprometido para 2024 y repita esta transferencia para el próximo año, los socialistas y sus dos socios de gobierno durante ocho años en Baleares  ahora en la oposición (independentistas de Més y Podemos) han respaldado esta semana en el pleno de Palma una propuesta en la que instan al Govern, y no a Sánchez, «a asumir el mantenimiento de la gratuidad en la red de transporte público en 2025».

Es decir, que sean los contribuyentes de las Islas los que paguen esta medida ante la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez.

También, en la misma línea, exigen al Govern de Marga Prohens, «trabajar para igualar las compensaciones como territorio insular, ligadas a la potenciación del transporte público colectivo gratuito».

La moción respaldada por los tres partidos de la izquierda, que no salió adelante por el rechazo de PP y Vox, indica que el coste de mantener la gratuidad es de aproximadamente unos 43 millones en Baleares, «una quinta parte de lo que invierten los consejos insulares competentes, en mantenimiento de la red vial», apuntan.

Es más, para el PSOE balear ese montante que Sánchez continúa sin abonar a las Islas, «es una iniciativa asumible, justa y sostenible».

Según el partido que en Baleares continúa dirigiendo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «ha sido y es todo un éxito, y ha permitido el cambio de hábitos de mucha gente, que ha encontrado con la EMT Palma, el tren y el TIB, una alternativa atractiva al uso del vehículo privado. Por eso, resulta imprescindible mantener esta iniciativa que el Govern de Baleares puede asumir con recursos propios».

Además, los socialistas de las Islas no tienen reparo alguno en afirmar que la gratuidad del transporte público «ha sido una iniciativa capital para contribuir al cambio modal y a la reducción de vehículos en las carreteras que estaba contemplada a su vez dentro del denominado escudo social» del que tanta publicidad hizo el defenestrado en las urnas Govern de Francina Armengol.

Y por ello, el PSOE recuerda que la medida se adoptó para compensar el incremento de precios producidos por la inflación, «y se tradujo en un ahorro económico para muchas familias usuarias, un elemento de atracción para nuevos pasajeros y un conjunto de beneficios a nivel ambiental como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de ruidos».

Unas ventajas cuyo coste no reclaman los socialistas que los abone el Gobierno central, sino los residentes en Baleares con sus impuestos.