El PSOE de Armengol entregado a Sánchez rechaza cualquier debate interno sobre financiación autonómica

El PSOE balear dirigido por la presidenta del Congreso y secretaria general, Francina Armengol, da su enésima demostración de entrega y sumisión a Pedro Sánchez, y en un comunicado ha rechazado cualquier debate interno sobre financiación autonómica.

Para los socialistas de las Islas, es «innecesaria la convocatoria de otros órganos del partido» para un debate interno sobre financiación autonómica después del preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña.

Así lo han trasladado este jueves fuentes de la formación en Baleares ante la petición de algunas federaciones socialistas de otras comunidades autónomas de convocar el Consejo Político Federal para abordar el concierto catalán.

Todo ello después de conocerse que al menos tres federaciones socialistas piden una cumbre de barones para debatir el concierto catalán.

Las federaciones socialistas de Aragón y de Castilla la Mancha respaldan la petición del secretario general de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de convocar el Consejo Político Federal para hablar sobre financiación autonómica, después del preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña.

No es así el caso de los socialistas de Baleares, para los que ese pacto es «un preacuerdo pendiente de validación por la militancia y de explicación por las dos partes, al que damos apoyo y que facilitará que Salvador Illa sea un magnífico presidente de la Generalitat», han insistido desde la dirección del PSOE de las Islas.

En este sentido, han recordado la necesidad de respetar «el apoyo unánime» que tuvo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, por lo que no ven necesaria la convocatoria de otros órganos del partido.

Y ello pese a que si en virtud del pacto suscrito entre socialistas y ERC que tendrá que ser validado por los militantes independentistas este viernes, Cataluña abandona el sistema de régimen común y se suma a un modelo singular parecido al que ya disfrutan País Vasco y Navarra, la comunidad catalana dejará de aportar al sistema de régimen común unos 30.000 millones de euros.

Por ello tendrán que ser Madrid y Baleares, las dos regiones netamente aportadoras que quedan en el sistema común, las que finalmente tengan que rascarse el bolsillo para subvenir con más impuestos el déficit originado por el dinero que hasta ahora aportaban los catalanes.

Los socialistas de Baleares, sin embargo, han quitado importancia al asunto y aunque los perjudicados serán todos los contribuyentes de las Islas, han recordado que el próximo año, en teoría, tocaría revisar el sistema de financiación «y el punto de partida será el reconocimiento de la singularidad de Baleares que hizo Pedro Sánchez en su visita a Palma, con el REB y su desarrollo».

«El Govern puede aprovechar el gran trabajo hecho los pasados ocho años en materia de financiación con el profesor López Casasnovas, con el principio de ordinalidad como elemento central», han añadido desde el PSIB-PSOE, que ha mostrado su «preocupación» por que «Prohens esté defendiendo los intereses de Feijóo en lugar de defender los intereses de la ciudadanía de Baleares».

Sin embargo, si el pacto para romper la caja común y el principio de solidaridad interterritorial sale adelante, Madrid y Baleares tendrán que compensar con sus impuestos lo que deja de aportar Cataluña, o el Estado tendrá que tapar el agujero que dejan los catalanes, lo que va a suponer con toda seguridad una nueva subida fiscal a todos los españoles.

De hecho, el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ya advirtió esta semana sobre las nefastas repercusiones de este acuerdo en la situación fiscal y financiera del archipiélago y por ello manifestó que el Govern tiene una «oposición frontal» a este pacto porque supone una «ruptura total de la caja común».

«Las consecuencias no se pueden evaluar con carácter previo pero, como mínimo, Baleares empatarán y probablemente salgan fuertemente perjudicadas».

Costa justificó esta afirmación en que de producirse la salida de Cataluña del régimen común, se asemejaría al régimen de concierto económico del País Vasco, que tiene un «componente de solidaridad muy inferior».

Otra de las quejas que resaltó sobre este acuerdo es que, mientras que el resto de comunidades del régimen común plantean la reforma del sistema de financiación de todas y se les «ignora» y «ningunea», el Gobierno, a través del preacuerdo PSC-ERC, pacta estas modificaciones de manera «bilateral».