Prohens consigue el aval del Gobierno al decreto que permite legalizar 30.000 viviendas en suelo rústico

El Govern que preside Marga Prohens ha logrado el aval del Gobierno de Pedro Sánchez para legalizar viviendas en suelo rústico, aspecto que contempla el decreto de simplificación administrativa del PP balear y que ya no será bloqueado por el Ejecutivo central, que había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad.

A cambio, Baleares se compromete a crear un canal externo de denuncias tras la desaparición hace un año de la Oficina Anticorrupción, en virtud de la ley autonómica que regula la declaración de patrimonio y de actividades de los cargos públicos.

Éste es uno de los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Baleares que ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que resuelve discrepancias surgidas en torno a esta cuestión y, según el cual, la comunidad autónoma se compromete a cambiar la ley de transparencia y establecer un mecanismo de control externo.

La Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas valora ahora si este canal de denuncias externo será de nueva creación o se hará vía convenio con el Estado para que sea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, figura prevista en la ley estatal, la que recoja las denuncias de los ciudadanos de las Islas. Este organismo, sin embargo, está pendiente de creación.

El compromiso de la creación del canal externo de denuncias ya fue adelantado este miércoles por la consellera del ramo, Antònia Estarellas, en una comisión parlamentaria, tras las críticas de la oposición respecto a la liquidación de la Oficina Anticorrupción, recoge la agencia Europa Press.

«Hay muchas formas de hacerlo. Una, como lo hicieron ustedes y sin cobertura legal», dijo la consellera, recordando que no había ninguna disposición normativa que atribuyera a la extinta oficina la categoría de canal externo denuncias. «El Govern nunca denominó a la oficina canal externo», insistió.

Hay que recordar que el PP denunció ayer en el Parlament que la Oficina Anticorrupción que controlaba el PSOE durante la anterior legislatura del pacto de izquierdas se negó a investigar la polémica noche de copas de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE), en plena pandemia y cualquier otro asunto que afectara a su formación mientras se ensañaba con los casos relacionados con el PP.

Fue en la Comisión de Asuntos Institucionales donde la diputada del PP Cristina Gil relató los casos de presunta corrupción que afectaban al PSOE en los que la Oficina Anticorrupción, hoy extinguida, no quiso intervenir. Mencionó en primer lugar el escándalo de la noche de copas de la ex presidenta balear y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, que fue sorprendida a altas horas de la madrugada tomando copas durante la pandemia incumpliendo las restricciones de que ella misma había dictado a los ciudadanos . Gil dijo que la decisión de la Oficina Anticorrupción fue no investigar este asunto alegando que «era simplemente un tema ético».

La diputada del PP también se refirió a la negativa de la Oficina a investigar la vacunación irregular contra la Covid-19 de altos cargos del Govern de Armengol, el caso Puertos, el caso Varadero, los abusos sexuales a menores tuteladas, los contratos Covid adjudicados a dedo por vía de emergencia o el caso de presunta prevaricación protagonizado por el ex alcalde socialistas de San Josep (Ibiza).

Alaró marca el rumbo

Alaró marca el camino para legalizar viviendas en suelo rústico: tejados, poca luz, cisternas y placas solares. El Ayuntamiento del municipio ha aprobado una serie de medidas discrecionales y de interés público que deben tenerse en cuenta en los proyectos técnicos de legalización extraordinaria. Se calcula que en Baleares hay 30.000 viviendas en rústico fuera de ordenación que ahora podrán legalizarse.

El Ayuntamiento de Alaró ha aprobado, en el último pleno municipal, las medidas que tendrán que cumplir las edificaciones que se quieran legalizar en suelo rústico, de acuerdo con el marco de la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, y ya tramita 15 expedientes.

Esta ley, que tiene como objetivo facilitar la regularización de edificaciones en situación alegal, establece que los ayuntamientos deben definir requisitos específicos para garantizar criterios de eficiencia energética, hídrica y estética, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.