La Justicia y la oposición acosan al Govern de Armengol por los casos de corrupción Puertos y Varadero

Dos juzgados citarán próximamente a los principales investigados: el ex presidente de Puertos y el 'número 2' de Yllanes

El PP pide la comparecencia de Armengol en el Parlament y Vox pedirá explicaciones al ex magistrado Yllanes

La corrupción del Govern en los casos ‘Puertos’ y ‘Varadero’ salpica a Armengol

Corrupción en Baleares: el Govern de Armengol falsificó un documento para frenar una investigación judicial

Armengol e Yllanes.
Francina Armengol y Juan Pedro Yllanes en el Parlament.

La Justicia y los partidos de la oposición PP y Vox están poniendo en un aprieto al Govern que preside Francina Armengol por los dos casos de corrupción registrados durante las dos últimas legislaturas del pacto de izquierdas, la anterior y la actual. Son los casos Puerto y Varadero. Por una parte están las citaciones judiciales a los investigados que se producirán durante el mes de julio y por otra, las iniciativas presentadas en el Parlament por la oposición en las que exigen explicaciones al Ejecutivo balear. En el punto de mira están principalmente Armengol y el vicepresidente Juan Pedro Yllanes (Podemos).

En los dos casos se investigan las oscuras maniobras del Govern de Armengol para beneficiar a determinadas empresas relacionadas con el sector náutico en perjuicio de otras. Se trata de dos áreas de negocio millonario como son la explotación de puertos deportivos y la concesión del Varadero del Puerto de Palma.

En el Caso Puertos el principal investigado es el ex presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, que fue nombrado para el cargo por decisión de Armengol. Este caso se refiere a las irregularidades en la concesión del Club Náutico de Ibiza a la actual sociedad que explota las instalaciones desde 1970. Durante la investigación ha trascendido que Gual de Torrella se comunicaba con Armengol para hablar de la concesión del Club Náutico de Ibiza.

En mayo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló la concesión y condenó en costas a la Autoridad Portuaria por haber utilizado un término subjetivo como es el de «arraigo» para adjudicar del Club Náutico.

El Club Náutico de Ibiza es un negocio extremadamente codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo durante todo el año. Los actuales concesionarios han ido consiguiendo la adjudicación desde 1970 y todo ha ido bien hasta que apareció un competidor, la empresa Club Deportivo Básico Doce Millas, que aspiraba al suculento negocio. Al no conseguirla inició la batalla judicial.

Autoridad Portuaria defiende que dio la concesión a la empresa de siempre al valorar la «viabilidad, oportunidad y bondad del proyecto, así como la cuantía de la inversión» y, sobre todo, valorando el «arraigo y la proyección que el club tiene dentro de la sociedad».

El tema de la concesión sigue sin resolverse y mientras tanto el Juzgado de Instrucción número tres, con la instructora Martina Mora al frente, y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando una investigación sobre todas las irregularidades que rodean esta concesión. Aparte de Gual de Torrella también está investigado el entonces director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Carlos Plaza, entre otros.

Ahora se ha sabido, tras levantarse parte del secreto de sumario, que la instructora también investiga el «ofrecimiento de dádivas, recompensas, favores o retribuciones de cualquier clase por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares a la entidad Club Deportivo Básico Doce Millas a cambio de apartarse o de cesar en la impugnación judicial de todas las decisiones en favor del Club Náutico de Ibiza».

En el ámbito político, el PP pedirá este lunes la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, ante las nuevas revelaciones del caso Puertos, que además de a la presidenta implican también al ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luís Ábalos.

“Cada vez son más las preguntas que Armengol debe contestar y sin embargo el PSOE se limita a responder que no tiene nada que decir, por eso pediremos esas explicaciones en el Parlament”, ha explicado la secretaria general popular, Sandra Fernández.

“Si primero conocíamos manuscritos que acreditaban reuniones sobre la
concesión de puertos entre Armengol y el expresidente de la Autoridad
Portuaria, Joan Gual de Torrella, y después whatsapps que acreditan
que era informada de los procesos bajo investigación, ahora leemos como
pudo incluso mediar con el propio ministro Ábalos”, ha dicho Fernández, que considera que “son necesarias explicaciones urgentes”.

Caso Varadero

El caso Varadero afecta preferentemente a la Conselleria del vicepresidente del Govern, y ex magistrado, Juan Pedro Yllanes, de Podemos. Este martes, Yllanes deberá de responder en la sesión parlamentaria de control al Ejecutivo autonómico  a una pregunta registrada por Vox en relación al caso, en concreto, a la primicia revelada por OKBALEARES sobre la supuesta falsificación de documento público por parte del director general de la Conselleria de Transición Energética.

En concreto la diputada de esta formación, Idoia Ribas, instará a Yllanes a contestar si «es cierto que un director general de su Consellería ha falsificado un documento público para evitar sanciones a empresas afines al Gobierno de Armengol».

El Caso Varadero se remonta a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que la pasada legislatura dirigía el socialista Iago Negueruela, hoy portavoz del Ejecutivo, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma que no cumplían las normativas sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, pero que eran subvencionadas por el gobierno de Armengol.

La presunta falsificación documental denunciada en los juzgados por el Grupo Fabkina, materializa ya con Yllanes al frente de la cartera de Industria, se ha traducido en que varias empresas que incumplían la normativa sobre instalaciones industriales han seguido trabajando en el Puerto de Palma y se han librado del expediente sancionador, que inicialmente, se vio obligado a abrirles el Govern y de una investigación judicial que ya se había iniciado y, que en estos momentos, continúa en curso.

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