La izquierda rechaza la nueva oficina antiokupas de Palma porque es un «capricho de la extrema derecha»

La izquierda rechaza la nueva oficina antiokupas de Palma porque es un «capricho de la extrema derecha» han afirmado en un comunicado socialistas e independentistas de Més.

Después de rechazar durante los ocho años que estuvieron gobernando en coalición en el Ayuntamiento, cualquier iniciativa contra la okupación ilegal que se disparó al igual que el precio de la vivienda las pasadas dos legislaturas, los socios entonces de gobierno y ahora en la oposición, han coincidido a la hora de oponerse a este servicio municipal.

Una medida aprobada por el pleno municipal con los votos a favor del gobierno en minoría del PP y apoyado por Vox. Los socialistas consideran que representa un «giro preocupante en la política de vivienda en Palma», según ha planteado portavoz del PSOE en el Consistorio, Xisco Ducrós.

Por su parte, la portavoz de los secesionistas de Més y ex concejala de Urbanismo y Vivienda, Neus Truyol, ha afirmado que la apertura de la nueva oficina es una «rendición del PP y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a los caprichos de la extrema derecha».

«Mientras que esta iniciativa se centra en una respuesta policial al problema de la okupación, los verdaderos dramas para los residentes son la especulación y los precios desorbitados de los alquileres, que hacen que cada vez más familias tengan que abandonar la ciudad», ha indicado.

En la misma línea el portavoz socialista Ducrós considera que este nuevo organismo municipal «responde más a un eslogan político que a una herramienta eficaz» y demuestra el «nulo interés» de PP y Vox de «desarrollar medidas reales para afrontar la crisis de vivienda que afecta a Palma», tras estar las dos pasadas legislaturas gobernando y sin construir una sola vivienda social.

«Con la nueva oficina Antiokupación queda claro que PP y Vox renuncian a abordar con un proyecto integral y eficaz uno de los principales problemas de la ciudadanía. Lamentablemente, sin medidas concretas que atiendan a la disponibilidad y el acceso a la vivienda, esta iniciativa no hará más que perpetuar la crisis habitacional en Palma», ha aseverado Ducrós.

La representante secesionista ha remarcado la necesidad de aplicar medidas que «realmente protejan el derecho a la vivienda», ya que, a su juicio, «no se puede centrar la política de vivienda en la antiokupación cuando la especulación expulsa a los residentes».

«Palma necesita medidas efectivas para regular el mercado y garantizar que todo el mundo tenga acceso a un hogar digno y asequible», ha declarado.

Ante la escalada de precios, Més per Palma propone la aplicación de la Ley estatal de Vivienda para limitar los precios de los alquileres en las zonas con mucha demanda y poca oferta, de esta forma han afirmado que se «evitaría que los precios suban hasta niveles insostenibles para las familias».

Para combatir la especulación, plantean la aplicación de un impuesto a las viviendas vacías, con el objetivo de «fomentar que estas propiedades se pongan en el mercado de alquiler, al aumentar la oferta disponible y aliviar la presión sobre los precios».

De igual modo, también proponen crear un parque de vivienda social suficiente para cubrir las necesidades de las familias con menos recursos o limitar el número de viviendas destinadas a alquiler turístico.

«Las viviendas no pueden seguir siendo un bien de especulación. Es el momento de priorizar el bienestar de los residentes y asegurar que Palma sea una ciudad para vivir, no un espacio cada vez más inaccesible para sus gentes», ha concluido Truyol.