La izquierda exige al alcalde de Palma que el autobús siga siendo gratis aunque Sánchez no lo pague

Las tres formaciones de la oposición de izquierdas (POSE, Més y Podemos) exigen al Ayuntamiento de Palma que el servicio de transporte público que presta la EMT siga siendo gratis en 2025, lo pague o no el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante 2023 y 2024 el Gobierno de la nación transfirió para la gratuidad del servicio de autobús en Palma una financiación de en torno a 40 millones de euros entre los dos años. Fue una financiación totalmente insuficientes que ha provocado que la dirección de la EMT se haya visto abocada a pedir un crédito de 15 millones para hacer frente a este descuadre en sus cuentas.

Ahora los tres partidos que hasta las elecciones de mayo de 2023 gobernaron durante ocho años en la capital balear y que ahora están en la oposición exigen al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, que mantenga la gratuidad del transporte público palmesano para 2025, pese a que la aportación económica del Gobierno central está más en el aire que nunca ante la más que probable prórroga de los presupuestos para el próximo año.

Esta exigencia ya ha sido rechazada por el gobierno municipal del PP y su socio programático de Vox, pero será debatida y votada en el pleno municipal ordinario de este jueves día 27.

Además de mantener una gratuidad que, como mínimo, costará 13,2 millones de euros al bolsillo de los palmesanos que tendrán que cubrir esas pérdidas con sus impuestos, si Sánchez sólo aporta los 20 millones para 2025, socialistas, independentistas de Més y Podemos también instan al equipo de gobierno a hacer frente al incremento de pasajeros de la EMT aumentando las frecuencias y la flota.  

El coste anual de la gratuidad de los autobuses de la EMT ronda los 28 millones de euros, de los que este año casi 20 millones lo financió el Gobierno central, y el resto, las arcas municipales.

La petición de la oposición al alcalde de Palma se produce después de que el pasado mes de marzo el ministro de Transportes, Óscar Puente, ninguneara directamente al primer edil palmesano rechazando su petición de reunirse para tratar diferentes asuntos relacionados con la movilidad y el transporte público palmesano.

El objetivo del encuentro era negociar el desembolso por parte del Gobierno central de los 13 millones que hacen falta para garantizar la gratuidad de la EMT durante todo el año, y el destino de los 185 millones prometidos por el paralizado proyecto del tranvía de Palma. Un montante que el primer edil quiere dedicar a ampliar la flota de autobuses eléctricos, entre otras cuestiones.

Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre, respondió a la misiva del primer edil dejando claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene espíritu alguno de colaboración con el gobierno del PP de Palma.

Serrano rechazó que el ministro se vaya a reunir ni a corto, medio o largo plazo con Martínez, y sólo manifestó su disposición a mantener contactos entre ambas administraciones, dejando claro que el Gobierno central no aportará ni un euro más para garantizar la gratuidad del transporte público de Palma todo el año.

De los 185 millones del tranvía, que no estaban ni presupuestados, que también se olvide el alcalde Martínez porque eran finalistas, y al rechazar esta infraestructura, no se podrán destinar a adquirir una de flota de autobuses de emisiones cero o a alguna otra alternativa que suponga una mejora para la movilidad en Palma

Además la propuesta de la oposición insta al gobierno municipal a prohibir la entrada de vehículos de alquiler en Palma a través de las Zonas de Bajas Emisiones del centro de la capital balear, y a aplicar una tarifa mayor («específica» la denominan) en los aparcamientos municipales y en zona azul, para los coches de no residentes.

Según estos partidos, los vehículos de alquiler turístico han sido identificados como uno de los principales causantes de la saturación turística de las Islas Baleares desde hace más de cinco años. Ante esta situación que se repite, especialmente en verano, en el conjunto de las Islas, Formentera fue pionera en la limitación de entrada de vehículos de no residentes a través de la implantación de un techo de entrada.

Por ello la oposición exige al gobierno municipal del PP que inste al Consell de Mallorca y al Govern, a limitar la entrada y circulación de vehículos de alquiler y de no residentes en Mallorca estableciendo, como ya se hace en Formentera y ya se ha aprobado hacer en Ibiza, un techo de entrada ajustado a la capacidad de la Isla.