El Govern de Prohens exige el catalán hasta para trabajar de peón jardinero

El Govern del PP en Baleares liderado por Marga Prohens sigue exigiendo el catalán hasta para trabajar de peón jardinero. Mientras otras administraciones también gobernadas por los populares en solitario gracias a un acuerdo programático con Vox, caso del Ayuntamiento de Palma, han eliminado ya este requisito en empresas municipales como la EMT a los nuevos conductores, el Ejecutivo autonómico sigue en sus trece y mantiene la obligatoriedad de tener certificado oficial de catalán hablado y escrito hasta a los peones públicos de jardinería.

Así figura en la convocatoria hecha pública por la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (Fundación Bit), ente público adscrito a la Conselleria de Hacienda, Innovación y Economía que dirige Toni Costa, para la contratación de un peón de jardinería.

Para optar a la plaza, además de ser mayor de 16 años, nacionalidad española y título de formación profesional Grado Medio en Jardinería en la categoría especialidad de auxiliar facultativo, se requiere el certificado de catalán nivel B1, un peldaño por encima del nivel básico A2.

Más allá de la utilidad que puede tener disponer de esta certificación a la hora de realizar las labores cotidianas de un peón de jardinería, la exigencia de este requisito entra en contradicción con el acuerdo programático firmado por PP y Vox el pasado verano, y que otorgó a Prohens un gobierno en solitario pese a no disponer de mayoría absoluta en la Cámara balear.

Este pacto entre las dos formaciones recoge el compromiso de «modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la Comunidad existen dos lenguas oficiales».

Y para que no haya duda alguna de las implicaciones que tiene, el acuerdo indica que el Govern «hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».

Un desarrollo normativo que, un año después del acceso de Prohens al Consolat de Mar, está por materializar. Además, con el agravante, en este caso, de que no se trata ya de un requisito para puestos relevantes de la Administración, sino para optar a una simple plaza de peón de jardinería donde se exige certificado oficial de catalán, como sucedía en los ocho años del anterior Govern de la socialista Francina Armengol, en coalición con los independentistas de Més y Podemos.

Además, la posesión de titulaciones superiores en el dominio hablado y escrito de catalán aportan puntualizaciones adicionales a la hora de valorar el mérito del candidato a ser peón público de jardinería en el citado ente instrumental de la Comunidad. Por cada nivel adicional de catalán se otorgan 0,15 puntos.

Los conocimientos de catalán se acreditarán mediante certificado, título, diploma o equivalente expedido u homologado por el órgano competente en materia lingüística del Gobierno de las Islas Baleares o equivalente con una puntuación máxima en este apartado de 0,45 puntos.

Por tanto, el catalán continúa penalizando en Baleares en el acceso a la Función Pública en el grueso de plazas, excepto a los médicos y todo el personal sanitario, donde tras las pasadas elecciones autonómicas dejó de ser requisito.

El Govern, por tanto, no parece dispuesto a ampliar la batalla a favor de la cooficialidad de ambas lenguas, al resto de plazas y puestos de la Administración. Todo ello por el pavor que provoca en la dirección del PP balear, cualquier movilización de los sindicatos y entidades afines al independentismo catalán y a los partidos del anterior Ejecutivo, que siguen haciendo de la exigencia del requisito del catalán en el acceso a la Función Pública su gran, si no única, batalla política.

Tampoco en el Ayuntamiento de Palma, gobernado en minoría por el PP tras un acuerdo programático con Vox, ha cambiado gran cosa en este sentido.

Como este martes lamentó la portavoz municipal de Vox, Gari Durán, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, «si exceptuamos a los conductores de la EMT, para el resto de ciudadanos que quieran acceder a la Administración municipal, o para aquellos que quieran promocionar, la acreditación del título de catalán sigue siendo un requisito».

Durán por ello recordó que «hacer normal en el Ayuntamiento lo que es normal en la calle», ha sido desde hace veinte años el lema del PP en materia lingüística», y «ustedes no lo han conseguido».