El Gobierno de Mallorca se muestra incapaz de evitar el despido de educadores con décadas de experiencia

El Consell de Mallorca que preside la socialista Cati Cladera se muestra incapaz de encontrar una solución para evitar el despido de cinco educadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) afectados por el proceso de estabilización. Son cinco educadores con décadas de experiencia, todos ellos mayores de 55 años. Salvo cambios de última hora serán despedidos sin indemnización alguna a finales de año.

De momento el Consell no tiene ninguna solución, tal como ha quedado de manifiesto este jueves durante el pleno en el que se ha aprobado una moción presentada del PP a favor de instar al gobierno insular a solventar el problema para que los cinco educadores no se queden en la calle. La moción del PP ha salido adelante debido a la abstención de Guillem Balboa, de Més, y el voto a favor de dos conselleras de Podemos,Magdalena Gelabert y la vicepresidenta Aurora Ribot, que se han equivocado votando.

El proceso de estabilización en la Administración pública que se ha puesto en marcha para reducir el número de interinos se va a traducir salvo sorpresas en el despido de cinco personas en el Consell de Mallorca. Son cinco personas con décadas de experiencia laboral como educadores en un organismo tan importante como el IMAS, que tiene las competencias en la protección de menores. Un organismo cuya gestión política está en entredicho debido al escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas.

Los cinco educadores que serán despedidos tienen más de 55 años de edad y tres de ellas son mujeres con experiencia de entre 20 y 30 años. Estos cinco trabajadores se han visto sorprendentemente excluidos del proceso de estabilización por un cúmulo de actuaciones incomprensibles y anómalas y la falta de interés por parte del Consell hacia su propio personal.

Era el año 2002 cuando los afectados accedieron como educadores al Consell de Mallorca a través de la bolsa ordinaria resultante de unas oposiciones que superaron aunque se quedaron sin plaza. En estas oposiciones el requisito de titulación académica fue el Bachillerato a pesar de que en 1991 ya se había puesto en marcha la diplomatura de Educación Social.

Años después el IMAS decidió aumentar el requisito de titulación, siendo necesaria la diplomatura de Educación Social o habilitación equivalente. No todo el personal que accedió con el Bachillerato pudo habilitarse al no disponer de la diplomatura quedando en una situación compleja ya que no podrían presentarse en las siguientes oposiciones de su especialidad.

Las oposiciones no llegaron hasta 2019 pero sus plazas no se vieron afectadas. Ahora, en 2022, el proceso de estabilización sí que les afecta directamente. El IMAS reconoce que mantener a estos trabajadores en su sitio durante años ha sido una anomalía pero no acepta su culpabilidad, y la mejor forma que tiene de solucionar su mala actuación ha sido hasta ahora no buscar ninguna solución para evitar que el personal afectado quede excluido del proceso de estabilización y se vea abocado al despido.

Este jueves, según la moción aprobada por el pleno, el Consell se compromete a buscar una solución para los educadores del IMAS pero lo que ha quedado claro es que el gobierno insular no sabe cómo arreglar este conflicto y así lo ha reconocido la presidenta del IMAS, Sofía Alonso.

En una nota de prensa, el PP ha señalado que la moción, defendida por el conseller popular Mauricio Rovira, ha salido aprobada por 17 votos a favor, dos abstenciones y 14 votos en contra, en un pleno al que han asistido los trabajadores afectados por esta situación.

Rovira ha agradecido el apoyo recibido y ha criticado que es una «injusticia» que algunos de los trabajadores, después de décadas de experiencia, no puedan presentarse y optar a su plaza.

También ha censurado que los trabajadores que cuentan con la titulación para acceder a la especialidad de educador social «no vean reconocida su experiencia» profesional completa ni su antigüedad de los años previos a obtener el título.

«Se tiene que hacer lo que sea posible, dentro del marco legal, para que estos trabajadores no se vayan a la calle. Vigilaremos que el acuerdo de Pleno se cumple y no queda en papel mojado. Estaremos muy pendientes que hacen todo el que está en sus manos para encontrar una solución», ha concluido el conseller del PP.