Baleares obliga a los alumnos a firmar que aceptan el plan lingüístico de su centro: 100% en catalán

Estudiar en español en los centros públicos de Baleares el próximo curso escolar será imposible. Al hecho del fracaso del plan piloto de libre elección de lengua impulsado por el Govern balear  que preside Marga Prohens se suma que en el documento de solicitud de escolarización los padres de los alumnos están obligados a aceptar mediante su firma el proyecto educativo y el proyecto lingüístico del centro elegido. Se da la circunstancia de que en todos los colegios públicos e institutos el proyecto lingüístico es el de inmersión en catalán, el 100% de la enseñanza en catalán.

El documento de solicitud de centro es similar al utilizado durante los ocho años de pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol y que impuso la enseñanza 100% en catalán. El único cambio es que se ha añadido una frase en la que se especifica que «se respetarán los derechos de los alumnos y las familias reconocidos en la Constitución y las leyes».

Lo cierto es que la doctrina del Constitucional y del Tribunal Supremo no se respeta en la enseñanza pública de Baleares, puesto que se sigue aplicando la inmersión lingüística, el 100% en catalán.

A todo ello hay que añadir que en la hoja de solicitud de centro no aparece la casilla para poder elegir entre el español y el catalán como lengua de primera enseñanza. Sobre esta circunstancia, la Conselleria de Educación ha matizado que la mencionada casilla estará en la hoja de matrícula, al menos  para los niños de cuarto de Infantil, los de tres años.

En la hoja de solicitud de escolarización, aparece un párrafo en el que se indica que con la firma del documento el alumno hace constar que conoce y respetará el proyecto educativo y el proyecto lingüístico del centro elegido. Aquí está la trampa, puesto que en todos los casos el proyecto lingüístico de los centros públicos es el de inmersión en catalán.

Y otra circunstancia hay que añadir al bloqueo del Govern balear del PP a la enseñanza en español y es la negativa a aceptar las solicitudes que han presentado padres de alumnos para que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español.

Los padres que reclaman el 25% en español tenían todas las esperanzas depositadas en el cambio de Govern tras los ocho años de dictadura lingüística impuesta por el anterior Ejecutivo del pacto de izquierdas presidido por la socialista Francina Armengol. Durante la campaña electoral, la nueva presidenta del PP, Marga Prohens, prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán y recuperar el español en las aulas. Además, así lo acordó con Vox a la hora de firmar el pacto de investidura.

La primera sorpresa llegó el 22 de enero, cuando se supo que el nuevo Govern del PP había denegado a una familia la petición que había presentado para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en español. Con esta decisión, el  Govern seguía la estela del pacto de izquierdas, avalaba que el Instituto de Calvià, donde estudia el alumno afectado, prosiga impartiendo el 100% de las clases en catalán.

Esta decisión vulnera las diversas sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional que establecen el derecho de las familias a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español. La denegación de estas peticiones fue la nota dominante durante la anterior legislatura del pacto de izquierdas: se rechazaron todas las reclamaciones presentadas para recibir enseñanza en español.

Más recientemente, el 8 de mayo, se supo que el Govern defendió ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la inmersión lingüística en catalán y se opuso ante la Sala de lo Contencioso a la solicitud de cuatro familias de Mallorca para que sus hijos reciban al menos el 25% de las materias en español.

El 9 de mayo del año pasado, cuatro familias de un instituto de Calvià interpusieron un contencioso ante el TSJB con el fin de que se permitiera a sus hijos el poder estudiar en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y al menos en una materia no lingüística troncal o de carácter análogo.

Las familias acudieron la Justicia después de que la dirección del instituto se negara a ofrecer al menos el 25% de la enseñanza en español, contraviniendo así diversas sentencias del Tribunal Supremo y la Jurisprudencia del Constitucional. La demanda la interpusieron durante la legislatura pasada y después de que la Conselleria de Educación del Govern que presidía Francina Armengol ratificara la decisión del instituto de mantener la inmersión lingüística en catalán a todos los alumnos.

Sentencia contra el 25% en español

La estocada final llegó el pasado 23 de mayo al conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que, siguiendo la línea marcada por el Govern de Prohens contra la enseñanza en la lengua oficial del Estado, rechazó el recurso presentado por un padre de un colegio de Mallorca que solicitaba que su hijo recibiera al menos el 25% de las asignaturas troncales usando el español como lengua vehicular, tanto en el curso que estaba cursando como en los siguientes.

La sentencia se refería al padre del alumno que en enero vio rechazado, por parte del Govern, su derecho a estudiar en español. El Tribunal indica en su sentencia que la pretensión del padre «no se fundamenta en ninguna Ley autonómica o estatal, se fundamenta en las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que fueron dictadas en relación con el sistema educativo catalán». Es el mismo argumento que utilizó el Govern balear del PP para rechazar la petición.

La sentencia de la Justicia Balear choca con una reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV Ha ordenado esta misma semana al Colegio CEIP Guillem d’Entença, de la localidad valenciana de El Puig, que adopte las medidas necesarias para que una de sus alumnas, que cursa Educación Primaria, junto al resto de sus compañeros, reciba una enseñanza bilingüe en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular al menos en el 25% del horario lectivo. La familia de la menor afectada ha contado en este caso con la colaboración de la asociación Hablamos Español.