El Ayuntamiento de Palma retrasa la aprobación de la nueva ordenanza cívica ante la falta de consenso

El Ayuntamiento de Palma retrasa la aprobación de la nueva ordenanza cívica ante la falta de consenso político y el rechazo de diferentes colectivos, caso de los caravanistas, y ha retirado su tramitación del orden del día del pleno del próximo día 19, en el que iba a acaparar todo el protagonismo político e informativo de esa sesión.

Aunque hasta la fecha se mantenía entre las propuestas a debatir para su aprobación inicial que iba a contar con los votos a favor del gobierno en minoría del PP (11 concejales) y su socio programático de Vox (6 ediles), con los que había negociado la incorporación de algunos cambios, finalmente su tramitación ha decaído. La presentación de toda una batería de alegaciones por parte de los diferentes partidos de la oposición cuyo plazo acababa hoy jueves, ha provocado que su aprobación inicial se retrase, como mínimo, al mes de enero.

Al ser el pleno del mes de diciembre el último ordinario del año (el próximo será el de la aprobación definitiva de los presupuestos) tendrá que ser ya el que se celebre a finales del próximo mes ya en 2025, cuando la ordenanza pueda pasar a ser debatida.

Socialistas, independentistas de Més y Podemos han presentado toda una batería de alegaciones contra una nueva normativa municipal que endurece las sanciones a los incívicos pudiendo alcanzar los 3.000 euros, en la mayor parte de los casos, en las infracciones graves reiteradas.

También estaba prevista la intervención de una representación del colectivo de caravanistas, dado que la nueva ordenanza prohíbe los actuales asentamientos con sanciones de entre 750 y 1.500 euros.

De hecho en ese pleno, Vox ha presentado una moción que no saldrá adelante por el rechazo de todas las fuerzas políticas incluido el gobierno municipal del PP, en la que se instaba al Ayuntamiento a crear espacios habilitados temporales para las caravanas, buscando un equilibrio entre la necesidad y la legislación, con servicios de agua, electricidad y recogida de basuras.

Y para que estos alojamientos temporales no acaben convirtiéndose en alojamientos permanentes y en alternativas estables para la emergencia habitacional que existe en Palma, Vox proponía seguir trabajando para dar solución de acceso a la vivienda.

Desde el resto de partidos de la oposición, todos socios en la bancada de la izquierda, el rechazo a la norma es total. Sin ir más lejos, los socialistas consideran que es «una ordenanza de persecución de la ciudadanía que nace de la imposición del alcalde». En palabras de su portavoz, Xisco Ducrós, «un texto restrictivo, punitivo más que propositivo, que persigue a la ciudadanía en lugar de fomentar la convivencia y que vulnera derechos básicos de la ciudadanía y supone un retroceso democrático».

Una oposición frontal compartida por sus socios independentistas de Més y Podemos contra un texto que para Ducrós, «en ningún caso, promueve el civismo y la convivencia, vulnera derechos como el acceso a una vivienda, el derecho de los niños a jugar al balón en los parques, el derecho a denunciar las pintadas vandálicas, olvida a las víctimas de la represión franquista, obliga a denunciar a los vecinos y penaliza la participación ciudadana», todo ello a la vez según los socialistas.

Y en la misma línea la única concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha presentado otra moción en este mismo sentido, exigiendo su retirada.

Todo ello con el fin de iniciar «un verdadero proceso de escucha a la ciudadanía, los colectivos afectados y todos los grupos municipales del Ayuntamiento que demuestre la voluntad de este consistorio de dar respuesta de forma conjunta a las principales problemáticas de esta ciudad como son la vivienda, la masificación turística, la movilidad, la limpieza, la seguridad y la lucha contra la emergencia climática», indica la iniciativa de la concejala de Podemos.