Ofensiva de la izquierda contra la ordenanza cívica de Palma que será aprobada este mes por el pleno

Ofensiva de la izquierda contra la ordenanza cívica de Palma que será aprobada inicialmente este mes por el pleno, en principio, si no hay novedad con los votos a favor del gobierno en minoría del PP y Vox, socio programático en la oposición.

En esa sesión que tendrá lugar el próximo día 19 en el que será el último pleno ordinario del año, se debatirán sendas propuestas de socialistas y Podemos, contrarias a esta normativa municipal que perseguirá todo tipo de actos incívicos y que dispara las sanciones a los infractores.

Un texto que una vez refrendado este mes, saldrá a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones, y que si todo marcha según lo previsto, entrará en vigor la primavera próxima.

Una normativa municipal que ha suscitado el rechazo frontal de la izquierda que por un lado en el caso de la formación morada, en línea con sus socios independentistas de Més, exige lisa y llanamente la retirada de todo el articulado, aduciendo que es una ordenanza que reprime derechos fundamentales y ataca a colectivos vulnerables, en lugar de solucionar problemas sociales.

La moción presentada por la única concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, la edil Lucía Muñoz, insta al equipo de gobierno del alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, a la retirada de la ordenanza.

Y a partir de ahí, exige iniciar «un verdadero proceso de escucha a la ciudadanía, los colectivos afectados y todos los grupos municipales para dar respuesta de forma conjunta a las principales problemáticas de esta ciudad como son la vivienda, la masificación turística, la movilidad, la limpieza, la seguridad y la lucha contra la emergencia climática».

En este sentido Podemos critica que la normativa sancione, por ejemplo, la venta ambulante ilegal, y persiga «a las personas sin hogar,  en exclusión residencial o a los artistas que hacen su trabajo en la calle».

«Consideramos que este texto dificulta aún más la vida de las personas que más difícil lo tienen ya, tiene un alma represiva y recaudatoria y podría incurrir en una extralimitación competencial tanto territorial,  funcional, como objetiva».

Después de medio año con un borrador sobre la mesa, la oposición quiere demorar al máximo su aprobación, y por ello, los socialistas en línea con Podemos y Més, han presentado otra moción también en la misma dirección.

Una proposición en la que exigen al alcalde Martínez adaptar la nueva ordenanza a las necesidades reales de Palma, promoviendo una convivencia respetuosa y garantizando los derechos de todos los ciudadanos.

Entre los asuntos que destacan con especial atención figuran la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, al acceso a una vivienda digna, a la garantía de un futuro para la juventud, a la protección de nuestros mayores y al apoyo a los colectivos vulnerables.

Los socialistas critican la nueva normativa recoja el hecho de que los ciudadanos tengan el deber de informar a la policía cuando consideren que se esta infringiendo alguna de las ordenanzas municipales.

A juicio del principal partido de la oposición, con nueve de 29 concejales en el salón de plenos, esta disposición «pretende cargar a los vecinos con la responsabilidad de vigilar y controlar las acciones de sus conciudadanos, resulta profundamente preocupante».

Por ello afirman que «esta obligación de denuncia a la policía introduce un elemento de vigilancia excesiva que puede promover el enfrentamiento entre vecinos, lo que es contrario a los principios de convivencia pacífica que deben regir nuestra ciudad».

Para los concejales del partido socialista esta nueva normativa municipal de Palma que sanciona todo tipo de actos incívicos con multas mínimas en el caso de las consideradas leves que van de cero a 750 euros (1.500 graves y 3.000 las más lesivas) forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el actual gobierno municipal del PP. Unas iniciativas que, según el PSOE, parecen orientadas a satisfacer a los intereses de la extrema derecha, con la «manifiesta intención de socavar instituciones clave en la protección de los derechos de los ciudadanos».