La izquierda exige perseguir en Palma a los que pongan precios de alquiler abusivos y no a los okupas

La izquierda exige perseguir en Palma a los que pongan precios de alquiler abusivos y no a los okupas y por ello instan al Ayuntamiento a desmantelar la aún no estrenada Oficina Antiokupación, que el gobierno municipal del PP, con el apoyo de Vox, pondrá en marcha antes de acabar el año.

La iniciativa parte de la única concejala de Podemos en el Consistorio palmesano, Lucía Muñoz, quien ha presentado una moción para su debate en el pleno municipal del próximo 28 de noviembre, que contará con el apoyo de sus socios socialistas e independentistas, ahora en la oposición.

Para esta formación, las situaciones de acoso inmobiliario, los abusos por parte de los arrendadores y los desahucios injustificados son problemas extendidos que afectan de forma directa a una parte significativa de inquilinos.

En muchos casos, apunta la proposición, los desahucios no se deben a impagos, sino a situaciones derivadas de la especulación inmobiliaria, el aumento de los precios del alquiler y las condiciones precarias en las que se encuentran los arrendatarios.

De ahí, señala la concejala de Podemos, la necesidad de crear una oficina que no se enfoque en la okupación, sino que se ocupe de regular y sancionar las malas prácticas de los arrendadores, garantizando la protección de los inquilinos y promoviendo un mercado de la vivienda más justo y accesible para todos.

A juicio de esta formación, aunque la okupación de viviendas ha sido objeto de debate mediático y político, las estadísticas disponibles indican que «se trata de un problema marginal y en retroceso, en comparación con otras cuestiones más generalizadas».

Según el informe de la Policía Nacional de 2023, las okupaciones ilegales en Baleares representan una fracción mínima de las viviendas afectadas por problemas residenciales, estimándose que sólo afecta a alrededor del 0,06% del parque inmobiliario y su incidencia ha disminuido casi un 25% en el último año.

Además, la percepción pública de la okupación estaría influenciada por casos mediáticos, mientras que en términos de incidencia real, la gran mayoría de las viviendas en la isla no se ven afectados por ese fenómeno.

Por tanto, abordar esta problemática como si fuera un desafío estructural es un error que desatiende las causas y los problemas de fondo del mercado inmobiliario.

Por ello esta formación aliada de socios de gobierno en Palma socialistas e independentistas durante las dos pasadas legislaturas, propone la sustitución de la Oficina Antiokupación por una Oficina de Disciplina de Vivienda.

Sería apunta, un modelo inspirado en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​con el fin de dar respuesta de forma más eficaz y equitativa a los problemas residenciales reales que afectan a la población, priorizando la defensa de los derechos de los inquilinos y el control de las prácticas abusivas en el mercado de la vivienda.

Entre sus funciones estaría la protección efectiva de los derechos de los inquilinos, garantizando que los arrendadores cumplan con sus obligaciones legales y protegiendo a los inquilinos frente a situaciones de abuso y acoso inmobiliario.

Además de continuar con la tarea que hasta ahora ofrecía la oficina antidesahucios, entre sus funciones estaría el control del mercado de alquiler, supervisando las prácticas del sector privado, evitando la especulación inmobiliaria y favoreciendo políticas de vivienda más accesibles y justas.

La Oficina de Disciplina de Vivienda actuará como un mediador entre las partes implicadas, realizará labores de control y sanción de las prácticas ilícitas, como el incumplimiento de los contratos de alquiler, las condiciones de habitabilidad deficientes y el desalojo arbitrario de los inquilinos además de promocionar políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda y protejan los colectivos más vulnerables.

Y por último, también se encargará del acompañamiento legal y psicológico a los inquilinos afectados por acoso inmobiliario, desahucios o condiciones de vida precarias, facilitando el acceso a recursos legales y sociales.