Ministerio de Igualdad

Igualdad perdió el rastro de un acusado de maltrato durante 16 días al desprenderse de su pulsera

PULSERAS
Luz Sela

Un acusado de violencia de género estuvo ilocalizado durante 16 días -desde el 20 de abril al 6 de mayo de 2024- al «separarse» de la pulsera telemática. En este tiempo, «no respondió a las llamadas» de la sala Cometa, el centro vinculado al Ministerio de Igualdad que se encarga del seguimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y sexual mediante dispositivos electrónicos.

Así se recoge en un reciente auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, por quebrantamiento de medida cautelar que, una vez más, pone en cuestión la fiabilidad de los mecanismos de control de los agresores.

El acusado tenía una prohibición de aproximación a su víctima de 300 metros, que fue después reducida a 150. Además, debía llevar una pulsera de control telemático. Según se reseña en el auto, el centro Cometa notificó dos incidencias por «separación del brazalete»: una de varias horas y otra de hasta 16 días. Así, consta que «el acusado se separó del brazalete, por lo que no permite su localización mediante GPS desde las 21:30:58 horas del día 20 de abril de 2024 hasta las 10:27:48 del día 6 de mayo de 2024». Estos hechos fueron ratificados durante el juicio por un técnico del centro Cometa responsable del seguimiento. En marzo de este año se desestimó el recurso de apelación del acusado, condenado por dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar.

Las víctimas, en riesgo

Manipulación de la pulsera, roturas, fallos de cobertura… son algunas de las deficiencias detectadas en estos dispositivos telemáticos para el control de los acusados y condenados por violencia de género y sexual. Las víctimas llevan años denunciándolas; incluso algunas aseguran que su día a día es un «calvario» porque su maltratador utiliza las alertas de las pulseras -que salta cuando, por ejemplo, se acercan a la zona de exclusión o por baja batería- para atemorizarlas, lo que les genera un constante estado de ansiedad y preocupación.

La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en el uso de fondos europeos para la adquisición de estos dispositivos por parte del Ministerio de Igualdad, en 2023. Entonces, se procedió al cambio de empresa adjudicataria -entre otras razones, por ahorro de costes-, lo que provocó un fallo en la migración de datos históricos y en la absolución de maltratadores, al no poderse probar el quebrantamiento de las medidas de alejamiento.

El Tribunal de Cuentas advirtió también de las numerosas deficiencias de las pulseras: desde interrupciones del servicio, a baterías de escasa duración y fallos en la cobertura GPS que impiden localizar a los maltratadores, que llegan a aprovechar estos vacíos para acercarse a las víctimas.

El informe del máximo órgano fiscalizador -que analizó varios contratos sobre estos dispositivos, por un importe total de 102,6 millones- advierte que «los fallos de geolocalización constituyeron una de las deficiencias más relevantes, con impacto potencial directo en la seguridad de las víctimas».

En la primera reunión a la que fueron convocadas, en diciembre de 2024, las propias trabajadoras del centro Cometa pusieron de manifiesto «episodios en los que víctimas y agresores se habían cruzado sin que saltara la alarma, llamadas reiteradas de usuarios señalando fallos de posición GPS y la incapacidad del sistema para proporcionar información esencial -ubicación y trayectoria del usuario- necesaria para la práctica de pruebas testificales en los procesos judiciales».

En enero de 2025, la adjudicataria «indicó que analizaría si el origen de los errores de geoposicionamiento se encontraba en los propios dispositivos o en la aplicación, un diagnóstico que en esa fecha ya debería haberse realizado. Un mes después, en la reunión de febrero, la empresa contratista reconoció, por primera vez, que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático que afectaba a los informes del departamento jurídico y de gestión, menoscababa la credibilidad del servicio ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas».

Problemas «a diario»

«El propio personal de la sala Cometa, presente en la reunión, confirmó que estos problemas no existían con el sistema anterior y que ocurrían a diario en todos los turnos. Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes».

Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2025 cuando el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que confirmó vulnerabilidades críticas y altas relacionadas con la posible manipulación por parte de los agresores de determinadas funcionalidades del dispositivo (como que un encausado pudiera instalar una aplicación que falseara la localización del GPS o comprometer la integridad y el control de los dispositivos), aspecto que las trabajadoras de la Sala Cometa habían puesto de manifiesto desde finales de 2024″.

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