Sánchez sólo paga dos de los más de 38 millones que Baleares gasta en mantener el aluvión de 880 menas acogidos en centros sociales
El PP reclamará a la Comisión Europea financiación para reforzar la acogida de menores y los servicios de las islas
Hasta el 15 de noviembre a Baleares han llegado en pateras 7.289 inmigrantes ilegales un 9 % más que el año anterior

El Gobierno de Pedro Sánchez sólo paga dos de los más de 38 millones que Baleares gasta en mantener el aluvión de 880 menas acogidos en centros sociales por la política de puertas abiertas y de fomento de la inmigración ilegal puesta en marcha por el dirigente socialista y que trae en jaque a las autoridades del archipiélago.
Según el último balance del Ministerio del Interior con datos hasta el 15 de noviembre, las Islas Baleares habían recibido 7.289 personas en 405 embarcaciones, un 9,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Ante este panorama más que preocupante, las eurodiputadas del Partido Popular Europeo Dolors Montserrat y Rosa Estaràs han llevado a la Comisión Europea el aumento de las llegadas irregulares a las Islas Baleares por la ruta marítima procedente de Argelia y reclaman explicaciones sobre la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho nada para impedir la consolidación de la denominada ruta de Argelia en los últimos meses.
«Pedro Sánchez ha permitido que la ruta migratoria desde Argelia se consolide sin una respuesta eficaz. Como ya hemos visto en Ceuta y en Canarias, España no puede seguir pagando las consecuencias de un Gobierno que llega tarde, que no previene las salidas y que descarga sobre las autoridades locales una responsabilidad que es del Estado», ha dicho Montserrat.
La propia agencia europea Frontex advierte de la evolución de esta ruta. En su balance de los diez primeros meses de 2026, señala que el Mediterráneo occidental fue la única gran ruta migratoria europea que registró un aumento de detecciones, con un 21 % más que en el mismo periodo de 2025.
Argelia continúa siendo el principal país de salida por mar y Baleares y la España peninsular figuran entre los principales destinos. Frontex califica, además, a Balears como el punto de entrada más peligroso de esta ruta.
Por su parte, Estarás indicó que la solidaridad de los ciudadanos de Balears no puede ser la coartada de la inacción de Sánchez. «Las islas necesitan un Gobierno que proteja sus fronteras, que negocie lo necesario con Argelia y que garantice recursos suficientes a quienes están soportando esta presión», indicó.
Las populares preguntan también por la financiación para atender a los menores extranjeros no acompañados. El Govern cifró en 880 los menores tutelados por los consejos insulares en julio de 2026 y estimó que las instituciones insulares destinarían entre 36 y 38 millones de euros durante el año a su atención. Frente a ese coste, denunció que el Gobierno solo había comprometido dos millones de euros para 2026 en el momento de aquella comparecencia.
La iniciativa plantea tres preguntas concretas: qué solicitudes ha presentado España en 2026 para reforzar mediante Frontex la vigilancia de la ruta argelina y qué medios se han desplegado; qué cooperación ha promovido con Argelia para prevenir las salidas irregulares, desarticular las redes de tráfico de personas y facilitar las readmisiones; y qué financiación europea puede movilizarse para reforzar la acogida de menores y los servicios de las islas.
Las eurodiputadas reclaman que la presión sobre Baleares no se aborde únicamente cuando las embarcaciones llegan a sus costas. La respuesta, sostienen, debe incluir vigilancia efectiva de la frontera exterior, cooperación con el país de salida y recursos suficientes para que territorios insulares como Formentera no tengan que asumir una carga desproporcionada.
La presión tiene una incidencia especial en Formentera. Según los datos presentados por el Govern de les Illes Balears en julio, entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026 llegaron a las islas 11.055 personas en 606 embarcaciones. De ellas, 1.857 personas desembarcaron en Formentera durante 2026, en 118 pateras: prácticamente la mitad de las llegadas registradas entonces en el archipiélago. El Govern recordó que la isla cuenta con poco más de 12.000 habitantes y reclamó una respuesta estatal adaptada a su dimensión y capacidad.