Ayuntamientos de izquierdas en Mallorca disparan los años de residencia exigidos para acceder una vivienda social

Ayuntamientos gobernados por la izquierda en Mallorca, ya sea con alcaldes separatistas de Més o socialistas, han disparado los años de residencia exigidos para acceder a tener una vivienda social, fijados en cinco por la Ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo aprobada en 2025 por el Govern del PP de Marga Prohens.

Cada Ayuntamiento que cede suelo para edificar estos inmuebles de precio limitado puede después acordar con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) los años de residencia que considere oportunos reclamar a los interesados, para así dar preferencia a sus vecinos frente a los del resto de pueblos, sean españoles o extranjeros.

Ambos partidos de oposición al Ejecutivo balear rechazaron esta legislación que permite a los ayuntamientos incrementar el requisito y los años de residencia en el municipio para acceder a un piso público ya sea de compra o alquiler.

De hecho, no hubo pocos dirigentes políticos separatistas y socialistas de Mallorca que calificaron de «racista» ese requisito, al igual que ha sucedido este año con las ayudas sociales aprobadas por el gobierno del PP y Vox en el Consell de Mallorca por las consecuencias de la guerra de Irán, donde también se requerían cinco años de residencia para poder solicitarlas.

Sin embargo, alcaldes de estos dos partidos se han subido al carro legislativo aprobado por el Govern de Prohens, pese al rechazo de los portavoces parlamentarios de estas formaciones, el socialista Iago Negueruela, y el separatista Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca.

Es el caso de Artá, donde el alcalde socialista Manuel Galán exige 15 años de residencia para acceder, a una vivienda pública, los mismos que pide Sa Pobla, donde el independiente Gabriel Ferragut, gobierna en coalición con separatistas de Més, socialistas y regionalistas de El PI.

En Santa Maria, el separatista Nicolau Canyelles reclama nada menos que 18 años de residencia en una apuesta desmedida por la prioridad nacional mientras el alcalde socialista de Inca, Virgilio Moreno, los rebaja a ocho, el socialista Martí March en Pollença pide 10 años de empadronamiento y buena vecindad, y el primer edil separatista de Esporles, Josep Ferrà, hasta siete.

En las bases de los procedimientos para su adjudicación en marcha, además de exigir acreditar una residencia continuada y efectiva en los municipios, hay reserva de entorno al 25% de las viviendas para menores de 35 años.

Desde el PP, su portavoz parlamentario Sebastià Sagreras, ha venido defendiendo esta legislatura que «toda la vivienda que estamos impulsando tiene que ser para la gente de aquí, para los residentes».

De hecho, varias promociones de vivienda pública y de precio limitado para residentes de Baleares cuya construcción arrancará este año, han sido puestas en marcha gracias al procedimiento exprés aprobado en la ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) y forman parte del plan anunciado por Prohens para impulsar más de 1.000 viviendas en lo que queda de legislatura.