El Ayuntamiento de Palma asegura que lleva más de tres años en contacto con la familia desahuciada

El Ayuntamiento de Palma ha indicado el departamento de Servicios Sociales ha mantenido el contacto con la familia desahuciada de Son Malferit desde hace más de tres años y se ha reunido con alguno de sus miembros hasta en cuatro ocasiones, incluidos la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Así lo ha asegurado el Consistorio en un comunicado en el que han apuntado que este miércoles, la familia mantendrá un nuevo encuentro con los servicios sociales municipales.

Aunque estaba previsto para el pasado 23 de diciembre, el lanzamiento finalmente se ha ejecutado poco después de las 09.00 horas de este martes, y ha durado más de tres horas. Los padres y los dos menores, de cuatro y 14 años de edad, han retirado sus pertenencias y han abandonado su vivienda, ubicada en un solar en el que se debe habilitar un nuevo punto verde de Emaya, cuya instalación está financiada con fondos europeos que exigen unos plazos de ejecución que no dejan margen para seguir aplazando los trabajos.

El Ayuntamiento ha señalado que el proyecto a desarrollar (Punto Verde) en la zona donde se alojaban se remonta a 2021, en la legislatura pasada, cuando la oficina de revisión del PGOU propuso el cambio de parte de la parcela de zona verde a Servicios Generales en el nuevo Plan General, para poder ubicar en ella el nuevo Punto Verde de la barriada de Llevant.

En enero de 2023, el área de Urbanismo dio el visto bueno provisional, a la espera de la aprobación definitiva del Plan General. En noviembre de 2023, ya con el nuevo equipo de gobierno local, se solicitó la aprobación del proyecto del nuevo punto verde a Urbanismo, que está financiado con fondos europeos y se licitaron sus obras hace diez meses.

Por lo que respecta al desahucio, desde el Ayuntamiento han alegado que el inmueble estaba «okupado de forma ilegal» y «no es residencial», por lo que han puntualizado que «entraña un riesgo para los moradores».

«Desde Servicios Sociales se les ofreció una alternativa habitacional en los centros de acogida municipal. Ante el rechazo de la familia, se les ha comunicado la cartera municipal de servicios sociales, además de la posibilidad de optar a ayudas del alquiler», han remarcado

Cabe recordar que el número de desahucios llevados a cabo en Baleares durante el tercer trimestre de 2024 ha ascendido a 227, lo que supone un incremento interanual del 20,7%, según datos del informe de efecto de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De estos lanzamientos, 183 han sido como consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y 31 de ejecuciones hipotecarias, mientras que los 13 restantes han sido por otras causas.