El alcalde de Palma no cubre 64 vacantes de policía y se ve obligado a gastar 10 millones en horas extra

El alcalde socialista de Palma, José Hila, lleva gastados 10 millones de euros en horas extra esta legislatura en una Policía Local que cuenta con 64 agentes menos, al no haber cubierto ni la mitad de las plazas de los 150 agentes que se han jubilado y que lo seguirán haciendo a lo largo de los próximos meses.

Todo un indicativo del fracaso de los socialistas en la gestión de los recursos humanos del cuartel de San Fernando, con la concejala de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover al frente, siendo incapaces de abordar un más que preocupante incremento de la inseguridad en Palma, quinta ciudad de más de 50.000 habitantes con más delitos de toda España.

La coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos sólo ha logrado poner en marcha una única convocatoria de plazas para nuevos policías en el arranque de la legislatura, gracias a la cual se incorporaron 86 efectivos (eran 101, pero 15 se marcharon a otros destinos), que se han sumado a la plantilla de 731 agentes con que cuenta el cuartel de San Fernando: 638 de escala básica que con conciliaciones, bajas y vacaciones se quedan en 450 diarios operativos.

A falta de personal, Adrover no ha dudado en tirar la casa por la ventana en el desembolso de horas extra desde 2019, cuando se destinaron 3,1 millones en gratificaciones por servicios policiales; 2,3 millones en 2020; el año pasado otros 2,6 millones y 2,1 millones en lo que llevamos de año.

Los beneficiados son oficiales, subinspectores o inspectores que han engordado sus nóminas a base de estas bonificaciones extraordinarias, caso de un inspector que entre agosto de 2019 y octubre de 2021 ingresó casi 40.000 euros en sobresueldos, más que lo que ganaron juntos por este mismo concepto los restantes cuatro inspectores.

A esta situación también contribuyó la decisión adoptaba por la concejala Adrover de paralizar las bolsas de mando, convocadas de forma urgente, y de las plazas de subinspectores e inspectores, cuyo número es insuficiente a todas luces, provocando que éstos empezaran a realizar horas extraordinarias, obteniendo así notables ingresos.

Un derroche de dinero público por la incapacidad del equipo de gobierno de cubrir las decenas de plazas vacantes que existen en el Cuerpo de la Policía Local de Palma, donde nunca se había tirado tanto dinero público en el desembolso de horas extra, conociéndose de antemano el alto número de agentes que se iban a jubilar.

La deficiente gestión se ha traducido, por ejemplo, en que la convocatoria de oposiciones de 2018 tardara dos años y medio en resolverse, lo que ha desembocado en una falta acuciante de efectivos en una ciudad como Palma, que es la octava ciudad de España en población (421.000 personas) y que apenas cuenta con 730 policías, cuando el ratio aproximado recomendable por una directiva de la Unión Europea sería de casi 900, dos agentes por cada 1.000 habitantes.

El panorama en materia de seguridad ciudadana que se le presenta al próximo equipo de gobierna que surja de las urnas en mayo, y al sucesor de Adrover, es más que peliagudo ante la escasez de efectivos policiales.