El PSOE no logra callar la gestión del PP en Aragón: la Junta Electoral archiva una tercera denuncia

El alcalde de Monzón (Huesca), Isaac Claver, ha visto prevalecer sus derechos ante la Junta Electoral tras recibir una denuncia por parte del PSOE, acusándole de electoralismo a favor del PP.

Una denuncia que la Junta Electoral en Huesca ha archivado, convirtiéndose en la tercera denuncia del PSOE contra el PP que no prospera. Una clara intención de callar la gestión de los populares en las instituciones donde ahora gobiernan, pues que no hay que olvidar que Isaac Claver es además presidente de un antiguo bastión de los socialistas, la Diputación Provincial de Huesca.

El atropello del PSOE en Aragón en esta campaña electoral no tiene precedentes. En sólo una semana, los socialistas han denunciado hasta en tres ocasiones a representantes políticos del PP por un supuesto electoralismo en el desempeño de sus funciones como cargos políticos.

En esta última, la Junta Electoral de Zona de Barbastro (Huesca) ha resuelto no estimar la denuncia del PSOE en la que denunciaba al alcalde de Monzón de «atentar contra los principios de objetividad y trasparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales».

Los socialistas argumentaban que la reunión mantenida entre él y la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, pese a estar presente el resto de portavoces de los grupos parlamentarios, «podía incidir en el sentido de los electores». Algo realmente paradójico si se tiene en cuenta que, como decimos, a dicha reunión acudió también el PSOE, «a diferencia de lo que hacían ellos cuando gobernaban», ha resaltado el alcalde popular, en la rueda de prensa celebrada este jueves a las puertas del Ayuntamiento.

El PP de Huesca y la Junta Electoral

El Partido Popular, tras conocer la decisión judicial, ha lamentado la «permanente critica y destrucción en la que vive el PSOE de la provincia de Huesca», al que atribuye también que «tiene constantemente en marcha la máquina del fango en lugar de trabajar como hacemos los demás». «La Junta Electoral ha impuesto la sensatez que no tiene el PSOE, que sólo critica y me ha denunciado por trabajar y avanzar con la implantación del nuevo instituto en Monzón», ha señalado Isaac Claver.

«¿Por qué no habla de la mujer del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez, Begoña Gómez? Está denunciada por e investigada penalmente por corrupción y tráfico de influencias», ha señalado.

Para Claver, «esta denuncia resulta un claro ejemplo de la obsesión del PSOE por criticar y destruir». La denuncia hacia su persona la ha calificado de «muy grave y lamentable», al considerar que la alcaldesa socialista de San Miguel de Cinca, Elisa Sancho, «la ha denunciado por trabajar por un nuevo instituto en Monzón», así como por los avances que su gestión ha conseguido para que haya un segundo instituto en la localidad.

Dado que, tal y como manifiesta la Junta Electoral en su informe, «la información facilitada por el Ayuntamiento de Monzón relativa al proyecto de construcción de un instituto, pese a encontrarnos en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo, no se puede considerar una campaña de logros, al tratarse de medidas de ámbito local dentro de las competencias municipales».

Los intentos de censura del PSOE

Con este tercer varapalo de la Junta Electoral al PSOE, se evidencia la intención de la organización por tratar de imponer el silencio en las instituciones gobernadas por el PP, al interpretar, por ejemplo, torticeramente el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), donde dice que «desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Esta actitud se desprende de las propias declaraciones del PSOE en las que exigían literalmente «que dejaran de hacer balances o presentar proyectos».

🔴 Exigimos al Gobierno de @Jorge_Azcon y al @pparagon que dejen de hacer balances de gestión o presentar proyectos saltándose la ley electoral

Solicitaremos sanciones a los responsables políticos si persisten tras el varapalo de la Junta Electoral 👇https://t.co/gagbQPNYPt

— PSOE Aragón (@aragonpsoe) May 30, 2024

Primero intentaron censurar al presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, este pasado miércoles, por acudir a un acto del PP en el que se celebraba el primer año de legislatura, esgrimiendo que lo hacía en calidad de presidente del Gobierno de Aragón. Como decimos, intentaron prohibir el acto, pero la Junta Electoral no lo consintió.

Luego, denunciaron a uno de sus consejeros del Ejecutivo, Octavio López, por hacer «electoralismo» al anunciar la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) para el desarrollo de una mega plataforma logística (y privada) en Tamarite de Litera (Huesca).

En esta ocasión, la Junta Electoral les recordó que durante campaña no se puede interrumpir el día a día de las gestiones de un Gobierno. Significando un segundo varapalo para el PSOE, que en un primer momento jaleó que la Junta Electoral le había dado la razón, pero que, en las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón, tuvo que rectificar en su informe, dado que se había producido una irregularidad clara: la Junta Electoral no había dado oportunidad al denunciado a defenderse.

De ahí que finalmente la propia Junta Electoral explicase su decisión de no estimar la denuncia del PSOE «la Junta Electoral Central tiene reiteradamente declarado que el artículo 50.2 de la LOREG no prohíbe que durante los periodos electorales las administraciones públicas puedan ejercer las potestades administrativas que tengan legalmente atribuidas», así como «el inicio de campaña electoral no interrumpe a aquellas actuaciones de los poderes públicos que resulten necesarias para salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos».