El ex supervisor del «centro del horror de Ateca» investigado como cooperador necesario de las torturas

Este martes, el ex supervisor del centro del horror de Ateca (Zaragoza), Miguel Ángel V. P., ha tenido que sentarse en el banquillo, después de que este lunes fuera detenido por la Guardia Civil de Móstoles, y trasladado a Calatayud, para prestar declaración ante la jueza que instruye el caso, como posible cooperador necesario de las torturas, vejaciones, agresiones sexuales y delitos que se investigan contra la integridad moral de los menores residentes en el centro.

Miguel Ángel formó parte del equipo de dirección del centro de menores de Ateca desde la apertura del centro en 2017, un trabajo que desempeñó a través de la Fundación Comunidad y Salud hasta junio de 2024.

A comienzos de agosto, la jueza que instruye el caso, Aída Ramírez, decretó el cierre provisional del centro de Ateca, tras el escándalo de presuntas torturas, vejaciones y una violación, después de que dos menores de 16 y 17 años, residentes en el centro, lo denunciaran a la Guardia Civil.

A raíz de estas dos denuncias, el número de menores que habrían sufrido esta situación sólo ha aumentado, hasta alcanzar la cifra de 19 personas las que han presentado una denuncia ante la Guardia Civil, y que ahora están siendo objeto de investigación en el juzgado. De hecho, las citaciones a declarar comenzaron la semana pasada y se prolongarán previsiblemente hasta el próximo mes. Además la jueza estimó que fueran telemáticas para que la víctimas gozaran de mayor protección y no se vieran superadas por la situación.

El ex supervisor de Ateca

Para la jueza, según ha expresado en el auto, dictado al término de la declaración del detenido, «existen indicios racionales y suficientes de criminalidad para imputarle la posible comisión de un delito de omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario», indicios éstos que, añade la jueza, «deben ser objeto de investigación a lo largo de la instrucción».

Hay que recordar que desde el cierre del centro, tanto el actual director del centro, Iván Rodríguez, tres trabajadores de origen magrebí,  Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y uno rumano, Alexandru R. A., fueron enviados a prisión provisional y sin fianza, como posibles autos de varios delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia al grupo criminal. Pese a ello, los encarcelados han pedido salir de prisión al no reconocerse autores de los hechos. Una petición que sólo ha recurrido Jorge Pedrafita, el abogado de la acusación popular de los menores, como representante de la asociación ADIVE.

De los cuatro trabajadores, dos lo hacían como educadores del centro, y los otros dos ejercían de auxiliares sin tener titulación ni cualificación. Un hecho del que también era consciente el propio ex director del centro, Daniel Urbina, quien todavía no ha sido llamado a declarar, pese a haber estado al frente de Ateca también desde 2017 hasta 2023, un puesto que dejó hace un año, cuando la Fundación premió su dirección en el centro de menores de Ateca, dandole «un nuevo salto» en su carrera, tal y como relata, marchando a Barcelona para ser el responsable de evaluación e investigación de la ONG, con la que el Gobierno de Aragón ha roto todos sus contratos y se plantea exigir daños morales.

¿Riesgo de fuga?

Si bien, la instructora no ha enviado a la cárcel provisionalmente al ex responsable, al valorar que, al no apreciarse riesgo de fuga en el investigado, ni posibilidad de actuar contra bienes jurídicos de las víctimas (menores) «ya que está jubilado y no trabaja con menores, ni se ha acreditado una persecución o comunicación con posibles víctimas para disuadirlas en su actuación o influir en ellas; finalmente, tampoco se aprecia riesgo de destrucción de fuentes de prueba».

La jueza ha dictado auto de libertad provisional sin fianza para Miguel Ángel, teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal no ha solicitado la prisión provisional, pero le retira el pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional, le obliga a «comparecer en el juzgado todos los lunes de cada semana, así como cuantas otras veces fuere llamado» (obligación apud acta) y también a que fije un domicilio y notifique cualquier cambio del mismo mientras el proceso judicial siga abierto.

Además, la jueza ha advertido en su auto que si el investigado incumple las medidas cautelares acordadas su situación personal podría ser objeto de revisión con medidas que impliquen una mayor limitación de su libertad y que, además, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.