El timo del monitor: denuncian que hay «muchos sin titulación» en centros de menores como el de Ateca

El horror vivido en el centro de Ateca ha provocado una gran indignación en el Colegio de Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) al alertar del «intrusismo generalizado» en la profesión. El tipo de personal contratado que se hacía cargo de los menores por parte de la Fundación Comunidad y Salud ha hecho saltar las alarmas. Muchos de ellos, sin titulación ni cualificación, se habrían puesto al mando de estos menores.

¿El centro del horror de Ateca es una excepción en el panorama nacional? Todo apunta a que no. Las pruebas arrojan un mar de dudas sobre el modus operandi de empresas privadas que gestionan este tipo de centros, a las que se les acusa desde hace años de promover, entre otras cosas, el «intrusismo profesional», contratando a auxiliares para desempeñar funciones que requieren una alta cualificación. Éste es el caso del centro de Ateca, tal y como manifiesta el Colegio Profesional de Educadores de Aragón (CEES), en una entrevista con OKDIARIO.

El menor coste de los auxiliares

El menor coste que supone para estas empresas privadas de centros de menores una plantilla de trabajadores no cualificados, frente a egresados universitarios, es evidente. Asimismo, explicaría el aumento de títulos de monitores de tiempo libre que ofrecen muchas empresas privadas con el fin de abastecerse de este tipo de «categorías ficticias».

«No se puede comparar la formación de un diplomado o de un graduado con personas que adquieren un título laboral de 300 o 400 horas para una función específica», señalan desde el CEES Aragón. Hay que tener en cuenta que los dos únicos requisitos básicos para obtener un título de monitor de ocio y tiempo libre es ser mayor de 17 años y tener estudios básicos obligatorios, es decir, la ESO. En el caso de obtenerlo por empresas privadas, el costo del curso suele estar entre los 200 y 250 euros, en la mayoría de los casos.

En cambio, un diplomado o graduado en Educación Social ha tenido que acceder a la universidad y formarse una media de cuatro años. Además, subrayan que el trabajador requiere de «herramientas» para afrontar la «carga emocional tan fuerte» que se experimenta en este tipo de trabajos, así como de «una formación permanente».

Educadores en el centro de Ateca

Daniel Urbina, ex director del centro de Ateca que fue ascendido a responsable de evaluación e investigación de la misma entidad que lo gestionaba, la Fundación Comunidad y Salud, confesó esta realidad en una entrevista inédita, realizada por una estudiante de máster de la Universidad de Zaragoza. El propio Urbina fue codirector del trabajo y reconoció que contrató conscientemente a personal extranjero no cualificado por el hecho de hablar árabe y ser hombre.

«A nivel formativo es más limitado, se les ha tenido que ir formando un poco sobre la marcha, y cogiendo experiencia», explicó Urbina ya en 2021. El ex director del centro justificó que era «muy complicado» encontrar educadores y demás profesionales que quisieran ir a Ateca, una localidad a 100 km de Zaragoza, por un «salario poco competitivo», pues «ganan 1.000 pavos pelados».

Auxiliares en el centro de Ateca

En la misma entrevista, Urbina expuso que una de las alternativas para los auxiliares que no tenían ningún tipo de cualificación era que cursaran, «a través de la colaboración con una entidad», «el curso de monitor de ocio y tiempo libre». De tal forma, en palabras del ex director del centro, dicho título «justifica su pertenencia también a nivel formativo en el grupo profesional A3 del convenio, donde están los auxiliares técnicos educativos».

Sin embargo, para el CEES Aragón, contextos como el del centro de Ateca, no serían excusa para contratar a personal no cualificado. «En este caso, lo que habría que hacer es detectar necesidades. Tal vez lo que se requieren son dos perfiles, un educador y un intérprete, como sucede en multitud de escenarios homólogos», indican desde el colegio profesional.

No debemos pasar por alto que además en este centro habían sido internados menores con el propósito de recibir una atención especializada a través de terapias enfocadas en tratar problemas de conducta. Para este fin, la entidad percibía de las instituciones, como en el caso del Gobierno de Aragón, 1,2 millones de euros anuales de los contratos que tenía por los menores tutelados. En su lugar, los usuarios del centro acabaron sufriendo presuntos abusos, vejaciones, agresiones sexuales y torturas por parte de empleados sin cualificación, cinco de los cuales llevan dos semanas en prisión provisional sin fianza en la cárcel de Zuera.

Falta de control en los Servicios Sociales

«Esperamos que el escándalo de Ateca sea un punto de inflexión, un antes y un después», señalan desde el CEES a OKDIARIO. Este colegio profesional emitió la semana pasada un comunicado, poniendo el foco en la «falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales».

«Es preciso la inspección en los centros para controlar lo que sucede. No todas las empresas y trabajadores son iguales, hay muchas que trabajan muy bien. No se debe poner a todos en el mismo nivel», insisten.

Según afirma el colegio profesional, habrían denunciado en «innumerables ocasiones, desde hace muchos años y con diferentes gobiernos autonómicos, la insuficiente falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de los conciertos con entidades privadas, pliegos en los que se incumplen presuntamente demasiadas veces algunas de las condiciones que la propia administración marca, prestaciones laborales, protocolos de actuación o titulaciones profesionales, entre otras».

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón anunció este lunes que ordenará la Creación del Registro de Trabajadores a fin de evitar el descontrol del personal contratado. Un registro que no existía hasta la fecha, y que tiene como objetivo dejar constancia de la capacitación técnica y profesional de estos empleados garantizando su profesionalidad.

Hasta ahora era suficiente demostrar que todo el personal cumplía con la formación necesaria para desarrollar su labor. Sin embargo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales habría tenido constancia desde al menos 2023, siendo director Joaquin Santos, de irregularidades en el centro de Ateca. El testimonio de un padre de acogida de una menor que denunció una agresión sexual, publicado por El Heraldo de Aragón, sacó a la luz por primera vez la realidad del centro.

¿Colegiación obligatoria para educadores?

Sin embargo, desde el Colegio de Educadores Sociales consideran que este Registro de Trabajadores es insuficiente y que la única garantía es la «colegiación obligatoria», como sucede en la Comunidad Valenciana, «siendo conscientes de que el problema alcanza escala nacional». «En lo social no todo vale», señalan a OKDIARIO. «No nos cabe en la cabeza cómo no se aboga por ello teniendo en cuenta que estamos hablando de menores», añaden.

«La colegiación es la forma más segura de regular quién está trabajando en los centros, ante las categorías ficticias de monitores o instructores de tiempo libre, que no están capacitados para ese tipo de funciones en centros de menores, y menos en el de Ateca, que requería de terapias para niños con problemas de conducta», señalan.

Por otro lado, inciden en que «el colegiado debe cumplir con las normas deontológicas de la profesión y a las requeridas por la sociedad a la que sirvan». Esto es un mecanismo de control y de calidad profesional, «el colegio supervisa el adecuado ejercicio del profesional, y llegado el momento, se le puede sancionar».