Uno de cada tres andaluces conoce una vivienda okupada y el 45% apuesta por su expulsión inmediata

Más de un tercio de los andaluces, el 35,5%, conoce algún caso de vivienda okupada, y casi la mitad, el 45,1%, apuesta por su expulsión inmediata para atajar el problema, según el Barómetro Andaluz. Además, el 43,3% considera que los okupas están protegidos por la ley y el 75,4% cree que el derecho a la propiedad privada no está «bien protegido» (un 45,7% afirma que no está «suficientemente protegido» y un 29,7% que no está «nada protegido»).

Es el preocupante panorama que proyecta el bloque temático Vivienda, ocupación y derecho a la propiedad integrado en el CIS andaluz publicado este lunes. Según el barómetro, los encuestados sitúan el «acceso y el precio de la vivienda» como el tercer gran problema que afecta actualmente a Andalucía, señalado por un 8,7% de la muestra, sólo por detrás de la «falta de trabajo» (34,9%) y la «sanidad» (13,6%).

El trabajo trimestral del Centra refleja también que cuatro de cada diez andaluces (un 39,2%) muestran «un alto grado de preocupación» ante la posibilidad de que su vivienda pueda ser okupada ilegalmente. El 45,1% apuesta por la expulsión inmediata de los okupas como la primera respuesta del Estado ante este problema, mientras que un 28,1% opta por ofrecer soluciones habitacionales alternativas y otro 21,7% cree que habría que dialogar con los okupas para encontrar soluciones.

Asimismo, el 78,7% de los encuestados apunta a los precios como el principal obstáculo para encontrar una vivienda. Los apartamentos turísticos (28,1%) y el hecho de que la gente compre o alquile a precios muy altos (25%) serían las principales razones que estarían influyendo en la subida de los precios. También afectaría, aunque en menor medida, la escasa oferta (17,1%), la falta de protección de los derechos del propietario (13,1%) y la excesiva protección del inquilino (10,8%).

La Junta ve «inseguridad jurídica»

Al respecto, la Junta de Andalucía, en voz de su consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha mencionado «un problema de seguridad jurídica basado en unas leyes que ha ido poniendo en marcha el Gobierno y que claramente están generando inseguridad en los propietarios».

«Se está comprobando que la Ley de Vivienda del Estado está provocando daño por culpa de una norma estatal que es ideológica, que es intervencionista y que es permisiva con la okupación ilegal», ha recalcado el consejero.

Sanz ha recordado que la Junta «está trabajando en la Ley de Vivienda de Andalucía para fomentar la construcción de más viviendas con protección social y aumentar la oferta» a fin de que «el propio mercado equilibre los precios». Según el Banco de España, la comunidad demanda 90.000 nuevas viviendas. La futura norma, que se aprobará en el primer semestre de 2025, incorpora un plan de choque para poner en alquiler 20.000 viviendas de protección oficial (VPO).

«Estamos logrando también apostar por una menor burocracia y por rebajar la carga fiscal en materia de acceso a la vivienda. Consideramos que Andalucía va por un buen camino en este sentido», ha zanjado el consejero en declaraciones a los medios en Sevilla.

Inmigración y trabajo

Por otro lado, cuestionados por la inmigración, más de la mitad de los andaluces (55,3%) la ven «positiva» (47,9%) o «muy positiva» (7,4%) para Andalucía.

Preguntados por la acogida de menores inmigrantes en la comunidad, a un 41,4% le parece «bien» y a un 24,6% le parece «muy bien». Casi dos de cada diez (18,2%) tienen una opinión negativa: a un 11,3% le parece «mal» y a un 6,9%, «muy mal».

En el apartado de las condiciones laborales, más de la mitad de los andaluces (51,8%) se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su trabajo. Un 32,3% estaría dispuesto a cambiar su ocupación actual para ganar más, para poder conciliar (13,4%) o para trabajar menos horas (13,2%).

Entre las medidas para mejorar la calidad de vida laboral se citan la reducción de la jornada laboral a cuatro días (31,7%), la flexibilidad horaria para favorecer la conciliación (24,7%) y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (13,5%). Tener más tiempo libre (27,1%) y la posibilidad de conciliar (25,5%) serían los principales beneficios de la reducción del horario laboral.